Río Medellín

MÁS RECURSOS PARA LA PROTECCIÓN DEL RIÓ MEDELLÍN 

Boletín 71

9 de junio de 2021

 

 

 

Solicitaron Concejales de la ciudad

 

Mayor compromiso para resolver las problemáticas ambientales presentadas en la cuenca hidrográfica del Valle de Aburrá, fue el llamado que Concejales hicieron en plenaria en la que se analizó la situación actual del Río Aburrá, el proceso de actualización cartográfica de las quebradas de la ciudad y la compra de predios para la protección del Alto de San Miguel como área estratégica de conservación.

El corporado John Jaime Moncada Ospina, bancada citante, explicó que este debate se sustenta en la importancia del Río Aburrá, en su pasado, presente y futuro, considerado como el eje estructurante del desarrollo de la ciudad y la región metropolitana.

Se refirió a la canalización del afluente como una lucha histórica con la naturaleza por el territorio, indicando que esta obra fue diseñada para un periodo de crecientes máximas del orden de 25 años, cuando debería estar calculado para 100 años. En su intervención, pidió evaluar y mejorar la infraestructura de las obras de canalización por un proyecto de recanalización que use técnicas más amigables con el ambiente, tenga condiciones técnicas esperadas y se adecúe a episodios de mayor exigencia de pluviosidad.

Indicó que, debido a la falta de llanuras de inundación y en ausencia de áreas verdes, en varias ocasiones se ha desbordado el Río, afectando incluso la prestación del servicio comercial del Metro de Medellín. Por último, señaló que es necesario modificar el POT de forma que permita la actualización de tramos de quebradas que están mal cartografiados y no coinciden con el POT, lo cual afecta los predios cercanos y crea conflictos en el uso del suelo.

Por su parte, el concejal Daniel Carvalho Mejía, segunda bancada, centró su intervención en la Reserva del Alto de San Miguel, lugar donde nace el Río Aburrá. Explicó que, en 2018 Corantioquia expidió el Plan de Manejo Ambiental – PMA que determina los responsables y las acciones que deben ejecutarse para darle a este lugar un manejo adecuado, sin embargo, esta entidad ha brillado por su ausencia.

Indicó que, algunas de las problemáticas que afectan la zona de reserva y de amortiguación son la expansión de la frontera agropecuaria, las actividades turísticas irresponsables que incluyen la contaminación del agua y el daño a material vegetal, ausencia de las autoridades ambientales, entre otras; por eso, pidió dar cumplimiento al PMA citando a la mayor brevedad al Comité coordinador del mismo y fortalecer el equipo de promotores ambientales del Alto de San Miguel.

A su turno, el corporado Simón Molina, tercera bancada, indicó que en el Plan de Desarrollo 2020-2023 se definió indicador relacionado con la intervención ambiental de las quebradas con una meta del 12 por ciento, y el Plan Indicativo al 31 de diciembre de 2020 reportó inversión de 1,3 por ciento, muy inferior al 9 por ciento que se había definido como meta anual. También, manifestó su preocupación por el desmonte de programas como Guías Ambientales y la desfinanciación del Comité de aseo y ornato, sumado a la ausencia de programas de saneamiento de quebradas.

Asimismo, habló sobre la inversión realizada por EPM en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR San Fernando y Aguas Claras, indicando que entre ambas tratan más del 84 por ciento de las aguas residuales del Valle de Aburrá, pero precisó, falta mayor educación ambiental sobre el manejo y disposición final de residuos sólidos que finalmente van a las quebradas.

Corporados que tomaron la palabra durante la sesión, indagaron por la disminución en la inversión de programas como el SIATA, el cual hace seguimiento a las alertas tempranas para prevenir desastres; la permanencia del programa de compensaciones ambientales por el cuidado de las microcuencas; y solicitaron aclarar los parámetros con los cuales fueron priorizadas las quebradas a ser intervenidas y contemplar mayor inversión en siembra de individuos arbóreos en las cuencas.

De otro lado, solicitaron encontrar soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar las consecuencias del cambio climático como son los techos verdes para la recolección de aguas lluvias, protección de árboles en las cuencas, construcciones sostenibles y no únicamente en la inversión de intercambios viales. Además, pidieron darle mayor relevancia al Río Medellín en el Plan de Acción Climática – PAC.

En su intervención, la Secretaría de Medio Ambiente manifestó que en la actualidad se están gestionando recursos con otras entidades como AMVA, Corantioquia, EPM, entre otras, para desarrollar acciones preventivas, correctivas, mitigación y reducción de riesgos hidráulicos que incluyen actividades de limpieza, remoción de basuras, escombros y sedimentos, obras de estabilización, construcción de estructuras de protección en cauces, losas de piso de canales y coberturas que suman un valor de $9.637.442.966 entre 2020 y 2021.

Frente la gestión educativa y financiera en la Reserva Alto de San Miguel, señaló que ha estado centrada en recorridos pedagógicos, convites ambientales, cineforos, visitas domiciliarias, concursos ambientales y talleres por un valor asignado para la vigencia 2021 por $468.325.912.

Por su parte, Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, expuso que tanto la PTAR San Fernando como la de Aguas Claras permiten el cumplimiento de los parámetros de calidad de vertimientos y de biosólidos por encima de la norma, tratando en 1,6 m3 por segundo y 4 m3 por segundo respectivamente; durante el 2020 se trataron 51,4 millones de m3 en San Fernando y 121,5 millones de m3 en Aguas Claras. Entre los últimos y próximos 10 años, se estima una inversión total en saneamiento cercana a $4.7 billones de pesos.

Seguidamente, Diana Montoya, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, expresó que la entidad cuenta con un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH el cual tiene 20 proyectos para ser ejecutados en el corto, mediano y largo plazo; a hoy, se está realizando la reglamentación para el uso y descargue de quebradas, seguimiento y control del Río Aburrá y sus afluentes, además se cuenta con 14 estaciones que monitorean la calidad sobre el Río.

Desde Corantioquia, Patricia Jaramillo Ramírez, subdirectora de Gestión Ambiental, explicó que, en análisis realizados por el plan comunitario Red Piragua, el cual hace control a las fuentes abastecedoras de los acueductos en la zona rural, han arrojado una calificación de bueno o excelente en cuanto a calidad del recurso, con una inversión de $350 millones de pesos en acciones de monitoreo.

Finalmente, insistieron en la necesidad de cuidar el Alto de San Miguel y tener una plataforma de gestión de información, adquirir predios privados que están en la jurisdicción de la Reserva, mayor apoyo de las autoridades ambientales con las iniciativas de protección local, así como la implementación de la Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.