Grupo de mujeres en conversatorio en la Bilioteca Carlos Mauro Hoyos del Concejo de Medellín

La violencia contra las mujeres requiere medidas urgentes y diferenciadas

Boletín 182

23 de noviembre de 2021

 

Visibilizar la inclusión del enfoque de género y las prácticas de seguridad y convivencia, al igual que las violencias contra las mujeres y su intervención, fueron temas prioritarios en la sesión donde el acoso sexual, las amenazas en el ámbito del noviazgo o relaciones equiparables, el feminicidio, desaparición y explotación sexual fueron los tipos de violencia analizados.
 
La concejala Dora Saldarriaga, bancada citante del debate, afirmó que existe actualmente una crisis humanitaria por violencia machista basada en 3 criterios que tiene la Corte Constitucional: primero, asumir que la violencia contra las mujeres implica una sistemática y masiva vulneración de los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Colombiana, y en el marco jurídico nacional e internacional.
 
Agregó que, en segundo lugar, aceptar que son insuficientes e ineficaces las políticas, medidas administrativas y judiciales para mitigar la crisis y evitar más vulneraciones; y en tercer lugar, pedir a “las autoridades competentes (sean estatales o privadas) que en un plazo razonable y perentorio, (adopten) todas las medidas necesarias para superar este Estado de Cosas” (Sentencia T-025 de 004-CCC)
 
Expresó que, entre el 25 de marzo y el 29 de octubre de 2021, la violencia intrafamiliar en el país aumentó el 116 por ciento respecto al año 2020; en Medellín se presentaron 8.194 casos de violencia intrafamiliar, donde 6.023 medidas de protección fueron solicitadas por mujeres, lo que representa el 73 porciento de los casos.
 
Expresó que la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia política, la violencia sexual y la desaparición de niñas y mujeres en la ciudad requieren compromiso por parte del Estado, adoptando medidas urgentes y diferenciadas, dirigidas a la intervención efectiva del acoso sexual, que garantice la protección y el goce de los derechos humanos de las mujeres.
 
Finalmente, reiteró que la adopción de modelos, protocolos y rutas para la prevención y atención del acoso sexual es el cumplimiento de un deber del Estado como primer garante y las instituciones cuyas misiones están destinadas a cumplir los fines del mismo.
 
Durante su intervención, la secretaria de las Mujeres, Juliana Martínez Londoño, explicó que se tiene un programa integral de protección a las mujeres víctimas de violencias donde se resalta la prevención, atención, acompañamiento, asesoría y representación legal, componente psicosocial y de restablecimiento socioeconómico, de protección, de información o gestión del conocimiento.
 
El Acuerdo 102 de 2018, en su artículo 5.5 consagra las dimensiones y metas relacionadas con la seguridad y vida libre de violencias: garantizar la seguridad, disminuir la tolerancia social e institucional a las violencias contra las mujeres, diseñar y fortalecer los mecanismos institucionales, fortalecer mecanismos rurales y efectivos que garanticen el acceso a la justicia formal y no formal, afirmó Martínez Londoño.
 
Por su parte, Jose Galindo Sánchez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que desde la entidad se esta generando una estrategia operativa diferencial enmarcada a nivel de prevención y se enfoca en contribuir a mitigar comportamientos violentos y contravencionales; motivar a la denuncia de hechos de violencia; investigar los delitos materializados que afecten a la mujer familia y género; y finalmente cumplir las articulaciones institucionales e implementación de las rutas de prevención, atención y acceso a la justicia.
 
Expertas invitadas a la plenaria, manifestaron que el Estado y la institucionalidad deben brindar las garantías necesarias para frenar esta violencia feminicida y solicitaron transformaciones profundas y urgentes como rutas de valoración y atención, implementar nuevamente el mecanismo de alertas tempranas y la prevención del feminicidio con una atención psicosicial continua.
 
Para finalizar, comunidad participante expresaron la poca educación sexual impartida en la infancia desde la escuela, la familia y el sistema de salud, que garantice la plena autonomía y que favorezca el derecho al más alto nivel de disfrute de la salud física y mental. Además, pidieron más apropiación desde lo político y social a temas como acoso en las instituciones educativas tanto a estudiantes como a docentes y directivos.