- El 90% de algunas construcciones no cuentan con licencias, violando el POT.
- Demoliciones son revertidas por reconstrucciones inmediatas y hay amenazas a funcionarios.
- Se Propone una reforma legislativa y creación de “interventores urbanísticos móviles” para mejorar la presencia preventiva en demoliciones.
En debate se encendieron las alarmas sobre el estado actual de la Secretaría de Control Territorial de Medellín. A pesar de algunos avances, el panorama general evidencia una crisis territorial denunciada por el citante del control político, el concejal Andrés Rodríguez, el cual afirmó que el 90% de algunas construcciones en Medellín no cuentan con licencias urbanísticas, lo que viola el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y genera riesgos estructurales y ambientales.
Sobre este mismo tema, representantes de la comunidad invitada expresaron su preocupación por los altos costos de las obligaciones urbanísticas, que en algunos casos superan los $300 o $400 millones de pesos. Advirtieron que estos cobros son necesarios para legalizar construcciones, pero su complejidad y costo elevado terminan incentivando la evasión.
Propusieron que se permita a los constructores compensar esas obligaciones mediante aportes al banco de tierras del municipio, lo que evitaría la evasión, fortalecería las finanzas públicas y facilitaría que quienes sí quieren pagar lo hagan sin trabas. También, cuestionaron la falta de control sobre el pago de estas obligaciones y pidieron mayor colaboración por parte de la Subsecretaría de Control Territorial.
Por su parte, el corporado Rodríguez agregó que existen hay 64 puntos críticos por ocupación ilegal del espacio público, muchos controlados por estructuras criminales que venden lotes, ofrecen materiales y mano de obra de forma ilegal, y posteriormente extorsionan a los compradores.
A lo anterior se suma una preocupante congestión administrativa, más de 16.500 trámites están represados, muchos con retrasos de más de dos años, afirmó el Cabildante, añadiendo que en Catastro el panorama es igual de grave, actualmente hay 13.442 trámites pendientes y tiempos de respuesta que superan los 500 días. La falta de personal calificado, la baja capacidad operativa y la desconexión institucional agravan el problema, puntualizó.
Por su parte, la concejal Janeth Hurtado reconoció los esfuerzos recientes, pero advirtió sobre la capacidad desbordada de la entidad. Señaló que, aunque la Secretaría avanza en un plan de descongestión con 21.000 trámites atendidos, los tiempos siguen siendo excesivos. También criticó las fallas tecnológicas en la plataforma de gestión documental, inadmisibles en una ciudad que apuesta por la innovación.
Hurtado contextualizó el problema recordando que la Secretaría de Gestión Territorial se creó apenas en 2015, casi una década después de aprobado el primer POT de la ciudad (2006), lo que explica en parte el desorden urbanístico acumulado. En cuanto al programa «Construye Bien», destacó la labor preventiva en zonas de alto riesgo no mitigable, con más de 16.000 controles realizados, 2.550 remociones y 62.966 metros cuadrados recuperados.
Corporados que participaron del debate expresaron diversas posturas, manifestando que la Secretaría de Gestión y Control Territorial puede intervenir cuando hay urbanizaciones o loteo ilegal con informes técnicos que se tienen que entregar a los inspectores de policía y corregidores para que ellos finalmente tomen las decisiones de demolición.
En cuanto a las disposiciones administrativas, señalaron que estas se regulan de acuerdo a la Ley 1801 de 2016 que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y le da la atribución a la Policía Nacional y a la Secretaría, pero dentro de las 48 horas de observancia de la construcción ilegal, sin embargo, el problema es concretamente con policías y corregidores que no ordenan las demoliciones ni realizan los procesos.
Es necesario modificar las normas y todo el trámite que se hace ante las secretarías de gestión territorial, no solo en Medellín sino en el país. Se ha evidenciado incluso que en sectores donde se hace la demolición de las viviendas, al día siguiente está de nuevo en construcción y a los funcionarios los sacan bajo amenazas de la misma comunidad y grupos delincuenciales, concluyeron en sus intervenciones.
El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, reconoció los retos que enfrenta su dependencia, pero destacó avances significativos como los más de 65 mil metros cuadrados han sido recuperados en esta Administración, el doble que en periodos anteriores. Sin embargo, señaló que la norma nacional vigente limita sus competencias, pues obliga a remitir informes a otras entidades en lugar de permitir acciones directas.
Velásquez advirtió que las 48 horas que establece la ley para frenar construcciones ilegales son insuficientes y que la falta de uniformados en territorio agrava la situación. Por ello, hizo un llamado al Congreso para impulsar cambios legislativos que fortalezcan el accionar local.
En cuanto a la renovación urbana, informó que se ha reestructurado y capacitado el personal para reducir riesgos de irregularidades. La Secretaría ha presentado más de seis mil informes para que los inspectores actúen en terreno y se plantea la necesidad de establecer la figura de interventores urbanísticos móviles, con presencia puntual en territorio, que reduzcan riesgos y fortalezcan la gestión preventiva, concluyó.
