- Concejales resaltaron el liderazgo jurídico y técnico de la Secretaría General en la actual Administración.
- Esta dependencia pasó de 11.000 a 7.000 procesos judiciales, evitando pérdidas por $367 mil millones.
- Los principales retos son acciones populares con alto impacto presupuestal, especialmente por casos como Space y Continental Towers; y reclamaciones masivas de docentes derivadas de fallos nacionales del FOMAG.
Se analizaron los indicadores de gestión, la ejecución presupuestal 2024 y el apoyo institucional a cargo de la Secretaría General del Distrito, sobre la cual Concejales destacaron la notable mejora en la tasa de éxito de los procesos jurídicos del Distrito, a la vez solicitaron un informe detallado que precise los casos ganados, los procesos desfavorables y las razones de dichas decisiones, con el fin de identificar oportunidades de mejora.
Frente al anuncio del uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al derecho, los Cabildantes manifestaron su interés en conocer el alcance de su implementación, particularmente en la elaboración de alegatos de conclusión.
Señalaron que estas tecnologías deben ser un complemento y no un reemplazo de las capacidades técnicas del equipo jurídico, el cual reconocieron como altamente competente. También hicieron énfasis en la importancia de plataformas como AstreIA, valorándola como una herramienta de consulta que fortalece el acceso ciudadano a la información jurídica.
La plenaria solicitó conocer el estado actual de los proyectos de acuerdo que se encuentran pendientes de concepto por parte de la Administración para garantizar el debido seguimiento y participación del Concejo en dichos procesos.
Durante el debate, se resaltó el papel de la Secretaría General en la entrega de más de 650 procesos y acervos probatorios a los entes de control relacionados con la Administración anterior, lo cual ha derivado en 44 imputaciones, 129 investigaciones con incidencia penal en la Fiscalía General de la Nación, cerca de 400 hallazgos en Procuraduría y 200 en la Contraloría, además de procesos de extinción de dominio por cerca de 3.000 millones de pesos.
Finalmente, Cabildantes pidieron consolidar la tasa de éxito jurídica de los últimos años y detallar cuántos procesos fueron conciliados y cuál es el impacto económico de los fallos ganados y perdidos. También revisar los tiempos de respuesta en la emisión de conceptos jurídicos para proyectos de acuerdo, advirtiendo que algunos permanecen sin respuesta durante meses en las secretarías misionales, por lo que se propuso establecer un plazo máximo de 15 días para la entrega de conceptos técnicos.
A su turno, el secretario general del Distrito, Sebastián Gómez, presentó los resultados de la transformación institucional alcanzada tras recibir la dependencia en medio de una crisis administrativa.
Recordó que entre 2016 y 2019 la entidad alcanzaba un 85% de favorabilidad en los fallos judiciales, indicador que cayó significativamente entre 2020 y 2023. Para revertir esta situación, desde el Plan de Desarrollo se implementó un modelo de gerencia pública basado en modernización tecnológica, emisión de 200 directrices y actualización de cuatro herramientas jurídicas, con una meta inicial del 86% de favorabilidad.
Los avances superaron las expectativas, en 2024 la Secretaría alcanzó un 93% de fallos a favor, lo que equivale a ganar 93 de cada 100 demandas. Además, se logró reducir el número de procesos judiciales de 11.000 a 7.000, evitando la pérdida de 367 mil millones de pesos para el patrimonio de la ciudad, agregó.
Como parte del proceso de modernización, se eliminaron las firmas físicas y notariales para los poderes jurídicos, que ahora se gestionan completamente por correo electrónico, reduciendo tiempos y huella ambiental.
También destacó el desarrollo de AstreIA, herramienta basada en inteligencia artificial integrada con normativa nacional, distrital y jurisprudencia de altas cortes. Con más de 10.000 consultas internas, se proyecta abrirla a la ciudadanía para trámites y consultas.
Explicó que actualmente la Secretaría enfrenta grandes retos jurídicos y financieros. El primero son las acciones populares con alto impacto presupuestal, especialmente aquellas relacionadas con casos de gestión del riesgo como Space y Continental Towers. Afirmó que en estos procesos los jueces están declarando responsabilidad solidaria del Distrito bajo el argumento de que la Administración debe inspeccionar las obras.
El segundo reto son las reclamaciones masivas de docentes derivadas en gran parte de fallas del FOMAG y del nivel nacional, más que de la Secretaría de Educación de Medellín. Aunque las liquidaciones no dependen del Distrito, la Administración termina vinculada en los procesos y en algunos casos condenada solidariamente, puntualizó.
