- La sesión conjunta entre el Concejo de Distrital y la Asamblea Departamental alertó sobre el colapso del sistema de salud departamental.
- Corporados denunciaron negligencia institucional, deudas crecientes y más de 1.6 millones de usuarios en riesgo.
La salud en Antioquia tocó fondo, afirmaron Concejales y Diputados tras el análisis a la crisis que atraviesa Savia Salud EPS, una entidad que, tras dos años de intervención, sigue acumulando quejas, tutelas y muertes evitables.
Lo que debía ser un modelo de atención pública hoy es, según los Corporados, el reflejo más doloroso del colapso del sistema de salud en Colombia y advirtieron que la crisis del sistema de salud pública del departamento y el distrito se ha agravado, poniendo en riesgo la vida de miles de antioqueños, el equilibrio financiero de los hospitales públicos y la confianza ciudadana en la red asistencial.
El concejal Damián Pérez Arroyave, primera bancada, sostuvo que la situación trasciende los indicadores financieros y afecta directamente a las personas, porque no son solo cifras, son vidas olvidadas por un sistema que perdió el rumbo y en el que las muertes ocurridas no pueden ser en vano. La negligencia institucional mató vidas y la indolencia estatal no puede seguir normalizándose, enfatizó.
Lamentó además que el agente liquidador de Savia Salud EPS en Antioquia, Luis Óscar Gálvez Mateus, le haya fallado al Concejo y a la Asamblea al no asistir a esta citación de control político, desestimando el llamado legítimo de ambas entidades y de la ciudadanía; y señaló que su ausencia simboliza el deterioro institucional y la falta de compromiso frente a una EPS que sigue acumulando denuncias, tutelas y quejas por demoras en la atención.
Asimismo, cuestionó la falta de transparencia de la gestión y el crecimiento del endeudamiento, que supera el 923%, mientras persisten demoras en medicamentos, citas médicas y procedimientos vitales. Los estados financieros firmados con salvedades muestran que las cifras no cuadran y la Contraloría debe intervenir antes de que esta situación sea irreversible, puntualizó.
Mientras que el corporado Andrés Felipe Rodríguez Puerta, segunda bancada, insistió en que el control político es una herramienta legítima y necesaria para proteger los recursos públicos y garantizar la vida de los ciudadanos y reiteró que toda entidad que administre fondos de salud está sujeta a la vigilancia del poder civil, y Savia Salud EPS debe responder por su gestión, sus cifras y sus omisiones.
Por su parte, el diputado Jorge Correa, bancada citante, señaló que la deuda de más de $4 billones de pesos al sistema está asfixiando los servicios hospitalarios del departamento y se necesitan soluciones reales, no discursos, porque la salud no puede seguir siendo víctima del desorden financiero y del abandono institucional, afirmó, al cuestionar la efectividad del Decreto 858 de 2025, que, según dijo, busca imponer un nuevo modelo de salud sin consenso ni respaldo legislativo.
Concejales y Diputados participantes de la plenaria coincidieron en que Savia Salud es hoy la EPS más tutelada de Medellín y que su gestión presenta graves deficiencias administrativas y financieras, además denunciaron que, mientras los gastos de funcionamiento aumentan, los pagos a los hospitales permanecen estancados, generando un colapso progresivo de la red pública y privada.
También señalaron que la ausencia del agente liquidador es interpretada como un desdén institucional frente a los más de 1.670.000 afiliados que hoy viven un calvario de trámites, demoras y negaciones.
El debate también reveló el deterioro sostenido de los estados financieros de la EPS pues las deudas pasaron de $793 mil millones en 2023 a más de $1.2 billones en 2025, mientras los activos disminuyen y los pasivos crecen, configurando un escenario de pérdida de solvencia financiera y riesgo de quiebra técnica.
El delegado del agente liquidador de Savia Salud, William Salgado Gamboa, presentó un balance general del proceso de intervención, señalando que la entidad amplió su cobertura a 125 municipios del departamento, dos más que antes del inicio de la medida administrativa, e indicó que, aunque los estados financieros auditados por la revisoría fiscal presentan algunas salvedades, la EPS ha venido honrando sus compromisos mensualmente, con pagos aproximados de $1.000 millones a su red de prestadores.
Salgado explicó que el incremento en los gastos administrativos —especialmente en viáticos— obedece a las visitas técnicas y operativas que se realizan a las nueve sedes de Savia Salud en Antioquia, y aclaró que dichos gastos se mantienen por debajo del 8% permitido por la normativa, reiterando el compromiso de la entidad con la transparencia y la sostenibilidad de su operación durante el proceso de intervención.
La secretaria de salud de Medellín, Natalia López Delgado, advirtió que los servicios de urgencias están desbordados y se han convertido en la única alternativa para miles de pacientes que no reciben atención en los servicios de salud. Precisó que la red hospitalaria del distrito enfrenta una sobrecarga del 115%, con cierres parciales de servicios y riesgo creciente de morbimortalidad. Anunció la intervención del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para regular los traslados y la activación de medidas extraordinarias para descongestionar los hospitales.
Por su parte, la secretaria seccional de salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, alertó que la EPS atraviesa un punto crítico y no existe aún una estrategia nacional con vocación real de salvamento por lo que propuso una acción popular conjunta para proteger los recursos públicos involucrados; igualmente, sugirió una revisión inmediata del valor de la Unidad de Pago por Capitación, que podría salvar a la entidad de la quiebra.
Para concluir, el personero de Medellín, Mefi Boset Rave, informó que entre 2022 y 2025 se han interpuesto 9.583 tutelas y 2.741 incidentes de desacato contra Savia, lo que representa un incremento del 335% en acciones judiciales y del 640% en desacatos en apenas dos años. Aseguró que el incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales constituye una violación directa del derecho fundamental a la salud.
