- “Donde más viviendas compartidas hay, menos derechos y espacios dignos para los niños y niñas”, alertó el concejal Farley Jhaír Macías.
- ISVIMED reportó un déficit cuantitativo de vivienda del 5,6% -54.047 hogares- y cualitativo del 15,4% -145.986 hogares-.
Analizar los avances, retos y resultados en la atención a las familias que habitan en los inquilinatos, así como el papel de las diferentes dependencias en articulación interinstitucional, gestión social y control territorial, fue el propósito de la plenaria en la cual se hizo seguimiento a la implementación del Acuerdo 19 de 2016, que establece la Política Pública para los Inquilinatos del Distrito.
La coordinadora del proyecto Raíz, Sandra Milena Tobón, explicó que en las comunas 4 y 10 el hacinamiento, la desescolarización, el trabajo infantil y la mala alimentación afectan especialmente a las niñas, con 44% de familias viviendo en más de tres años en inquilinatos. Además, el 12% de los menores carece de documentos, el 78% no tiene censo del Sisbén y casi la mitad carece de PPT; el 41% no está afiliado a salud. Además, el 39% de los niños y niñas ha interrumpido su trayectoria educativa y el 29% realiza trabajo infantil, evidenciando brechas de género y exclusión social.
Por su parte, la concejal Leticia Orrego, bancada citante, destacó que durante 2024 y 2025 el Distrito mostró avances en articulación interinstitucional y en la activación de la Política Habitacional (PEHMED), con participación de más de 20 entidades en acciones de acompañamiento social, educación, salud y género. Sin embargo, señaló que el ISVIMED, aunque cumple su rol coordinador, carece de herramientas jurídicas y financieras suficientes para intervenir de manera efectiva los inquilinatos en riesgo.
Entre los resultados, resaltó el acompañamiento social a 537 hogares por parte de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, aunque se estima que más de 12.000 familias requieren atención. Además, la Secretaría de Salud y el DAGRD han identificado riesgos sanitarios y estructurales sin contar con facultades efectivas de control, mientras que la Secretaría de las Mujeres avanza en la inclusión del enfoque de género en el PEHMED y el Sistema Distrital de Cuidados.
La Corporada concluyó que, pese a los progresos, persisten duplicidades, vacíos normativos y débil seguimiento a los indicadores de impacto, por lo que propuso fortalecer la gobernanza y el control territorial, crear un Registro Único de Inquilinatos, actualizar el Subsistema Habitacional del POT y consolidar una política con equilibrio entre protección social y orden urbano.
En su intervención, el cabildante Brisvani Arenas, segunda bancada, manifestó su preocupación por las condiciones de los inquilinatos y su impacto en los niños y niñas, destacando la falta de espacios de recreación y la escasa presencia de inquilinatos saludables. La Agencia APP, en 2024, identificó nueve inmuebles fiscales priorizados para proyectos habitacionales, información que fue remitida a la Mesa Distrital de Vivienda para análisis y seguimiento, indicó.
El ambiente en muchos de estos lugares es demasiado pesado para los menores. Tenemos una política pública, pero es evidente que donde hay más inquilinatos, hay menos espacios para su recreación. Los inquilinatos saludables son pocos; muchos presentan situaciones difíciles, señaló el Concejal.
Por otra parte, el corporado Farley Jhaír Macías, tercera bancada, afirmó que los inquilinatos evidencian la deuda de Medellín con sus ciudadanos y la falta de coherencia entre la política pública y la realidad de sus habitantes. Destacó que los vacíos jurídicos impiden la intervención efectiva, la descoordinación institucional dispersa esfuerzos y el presupuesto disponible no alcanza para garantizar viviendas dignas.
Macías enfatizó que, pese a los diagnósticos, la falta de acción concreta perpetúa la precariedad, y que la estigmatización de estos espacios como lugares de riesgo margina a sus habitantes. Por ello, llamó a reformular la política pública, con un régimen jurídico propio, unidad técnica permanente, control público efectivo y participación comunitaria, priorizando la inclusión, el enfoque de género y la atención diferencial.
Para el Corporado, los inquilinatos no son ruinas sociales, sino territorios que deben ser redignificados, donde se mide la distancia entre la norma y la vida, y donde garantizar derechos reales es una exigencia de humanidad y justicia social.
Otros Cabildantes que intervinieron manifestaron que es necesario abordar con urgencia los problemas relacionados con la identidad de los habitantes y la cobertura del Sisbén, señalando que estos aspectos son fundamentales para garantizar el acceso a programas sociales.
De igual forma, hicieron un llamado de atención sobre la difícil situación que viven muchos niños y niñas en los inquilinatos de la ciudad, así como sobre la falta de ejecución de las políticas públicas existentes.
A su turno, la directora del ISVIMED, Valentina Aguilar Ramírez, reportó un déficit cuantitativo de vivienda del 5,6% (54.047 hogares) y cualitativo del 15,4% (145.986 hogares), con mayor afectación en las comunas Popular, Manrique, San Javier y Santa Cruz. Actualmente, 1.332 inquilinatos están caracterizados, con el 74% en La Candelaria. Durante 2024, 127 hogares recibieron atención en salud, apoyo jurídico y psicosocial; para 2025 se fortalecerán programas de transición hacia vivienda digna, agregó.
La secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, aseveró que se ha acompañado a 366 hogares (963 personas) a través de Medellín Solidaria, incluyendo población infantil, juvenil, adulta, adulta mayor y personas con discapacidad, 56% de ella población migrante. Hasta octubre de 2025, se ofrecieron 1.167 oportunidades de atención en justicia, educación, salud, nutrición, generación de ingresos y habitabilidad; y en seguridad alimentaria, las familias recibieron cinco paquetes anuales, acumulando cobertura desde 2022 hasta 2025, explicó.
El personero distrital, Mefi Bosé Rave, informó que la Personería no ha sido convocada a la Mesa de Trabajo del Comité Municipal de Política Habitacional, recomendando su inclusión para fortalecer control y acompañamiento. La entidad verificó hacinamiento crítico, desalojos sin acompañamiento, vulneración de derechos de comunidades indígenas y deficiencias en salubridad y agua potable, atendiendo 81 casos entre 2024 y septiembre de 2025, afirmó.
El debate permitió visibilizar los logros y los retos pendientes en la implementación de la Política Pública para los Inquilinatos del Distrito, reforzando la necesidad de articulación interinstitucional, fortalecimiento de capacidades de las entidades y atención prioritaria a las familias en situación de vulnerabilidad.
