- Expertos y víctimas señalaron la falta de control judicial y el posible entramado de corrupción que estaría actuando bajo apariencia de legalidad.
- Los Concejales citantes exigieron investigar a fondo la participación de funcionarios, empresas privadas y entidades financieras en los hechos denunciados.
Ciudadanos denunciaron en plenaria las inmovilizaciones ilegales y el secuestro de sus vehículos con presunta complicidad de agentes de tránsito, una vez retenidos, los automotores serían llevados a supuestos parqueaderos judiciales no autorizados. Concejales, expertos y comunidad coincidieron en advertir la existencia de una posible red de corrupción articulada para actuar ilegalmente.
JYL fue identificada como la empresa que alberga los vehículos llevados por las autoridades, los cuales no están autorizados judicialmente para cumplir esa función, además de ser señalada por realizar cobros irracionales.
Expertos y víctimas manifestaron que la rama judicial no está ejerciendo control de legalidad desde el inicio de los procesos, lo que impide garantizar los derechos de los deudores. Indicaron que las dificultades económicas no constituyen delitos y que, en consecuencia, los procesos judiciales deberían proteger a ambas partes: a las entidades financieras en la recuperación de sus recursos y a los ciudadanos en la restitución de sus vehículos.
Denunciaron también la participación de agentes de tránsito del Distrito, quienes, utilizando uniformes y vehículos oficiales, detienen a los ciudadanos informándoles de un embargo judicial y luego informan directamente a la empresa JYL. Recordaron que el procedimiento oficial establece que los vehículos deben ser retenidos por agentes de la Policía Nacional y entregados a la entidad financiera, lo cual no se estaría cumpliendo.
Agregaron que la tecnología de cámaras del Distrito estaría siendo utilizada para alertar a los agentes que detienen los vehículos, facilitando su traslado a los patios de la empresa JYL. Advirtieron sobre una presunta articulación entre entidades financieras, agentes de seguridad y la empresa implicada, e incluso señalaron que los juzgados serían conocedores de las dificultades que enfrenta la ciudadanía para recuperar sus automotores. En términos generales, los denunciantes exigieron justicia.
El concejal Andrés Tobón, bancada citante, explicó que los casos se presentan bajo la figura de embargos judiciales, situación que evidencia una mirada desprevenida por parte de la justicia. Agregó que tanto quienes ejecutan los embargos como quienes custodian los vehículos cobran tarifas no autorizadas y por fuera de las establecidas por la rama judicial. Advirtió que estos procedimientos podrían configurar fraudes procesales, además de resaltar la ilegalidad de los parqueaderos que no cumplen con la Ley 769 de 2002, la cual exige orden judicial y registro ante la seccional judicial correspondiente.
El concejal precisó que la rama judicial ha autorizado solo cuatro establecimientos de custodia de vehículos secuestrados: Captura de Vehículos Captucol (con sedes en Copacabana y Doradal), Parqueadero y Almacenamiento La Principal S.A.S. y Embargos La Principal Medellín II.
Indicó que el parqueadero JYL, no avalado por la rama judicial, cobra entre $3 y $10 millones de pesos, sin entregar factura, y que además presiona a las víctimas con supuestas rebajas condicionadas a no exigir el documento transaccional. Finalizó su intervención solicitando un acto administrativo por parte de la Alcaldía de Copacabana y la Policía Nacional para el cierre definitivo del lugar.
Por su parte, el corporado Miguel Ángel Iguarán, segunda bancada citante, expresó su solidaridad con las víctimas y afirmó haber recibido un número considerable de denuncias respaldadas con evidencias de cobros excesivos por parte del parqueadero JYL, empresa que tendría al menos otras tres sedes en el país. Solicitó a la rama judicial una investigación exhaustiva sobre las instituciones vinculadas al secuestro y transporte de los vehículos, y pidió garantizar los derechos de los ciudadanos afectados.
En su intervención, el cabildante Alejandro Arias, tercer citante, señaló el carácter criminal de las actuaciones denunciadas por el acceso indebido a los datos de los ciudadanos. Denunció graves fallas en la gobernanza de datos y señaló la ineficiencia de la Secretaría de Tecnología e Innovación pese a su elevado presupuesto.
Arias llamó a que la tecnología se convierta en aliada del Distrito, subrayando que algunos agentes de tránsito aún usan comparenderas manuales, lo que permitiría evadir el registro electrónico de las placas. Solicitó investigar las conexiones entre entidades financieras, juzgados, policías, agentes de tránsito y particulares que simulan ser funcionarios, quienes finalmente coordinan con los conductores de grúa para trasladar los vehículos al parqueadero ilegal.
Concejales reconocieron la valentía de los ciudadanos denunciantes y solicitaron a la Personería individualizar los casos para garantizar acciones institucionales efectivas, en especial por parte de la Secretaría de Movilidad. También pidieron la creación de un mecanismo de verificación que permita auditar todo el proceso y a los implicados en los embargos irregulares.
El secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ruiz Garzón, señaló el compromiso de socializar los protocolos de embargo y el envío de vehículos únicamente a parqueaderos autorizados por la rama judicial, específicamente La Principal S.A.S. Informó que el Distrito cuenta con un único Inspector de paz y convivencia encargado de atender las órdenes de aprehensión y determinar el parqueadero al cual debe enviarse cada vehículo, debiendo mantener comunicación constante y cumplir con todos los requisitos de ley.
Ruiz añadió que se expidió el Instructivo 034, que regula la destinación de vehículos a los parqueaderos oficializados, y se comprometió a revisar las irregularidades denunciadas durante el debate.
Para finalizar, el inspector de Copacabana, Juan Carlos Montoya, advirtió que entre las irregularidades detectadas se encuentra el uso de vehículos secuestrados por particulares que dicen ser funcionarios de JYL. Indicó además que Juan David Rodríguez, apoderado de la empresa implicada, se vale de diversas maniobras legales para no entregar los automotores que, según diligencias de inspección, deberían ser restituidos a sus dueños legítimos.
