- Víctimas del conflicto pidieron fortalecer el acompañamiento institucional y generar más oportunidades para su inclusión social y laboral.
- Administración distrital destacó acciones de atención integral, búsqueda de desaparecidos y garantías de no repetición.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, establecido en la Ley 1448 de 2011, se propició un espacio de reflexión sobre la dignidad, la reparación integral y la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones institucionales dirigidas a las personas afectadas por el conflicto armado, reconociendo la memoria como un pilar fundamental para la construcción de paz.
Ciudadanos víctimas del conflicto que hicieron presencia en la plenaria, pidieron ampliar el acompañamiento institucional en los territorios, especialmente en las comunas y barrios donde organizaciones sociales trabajan con limitaciones presupuestales, pero con alta vocación de servicio para representar a quienes no tienen voz. Asimismo, consolidar procesos de atención, escucha activa y orientación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida las personas que han sufrido flagelos por la violencia.
También hicieron un llamado a priorizar a las juventudes víctimas del conflicto, quienes enfrentan barreras para acceder a oportunidades que les permitan transformar sus proyectos de vida. Indicaron que más que ayudas asistenciales, se requieren oportunidades reales de empleo, acceso a educación y acompañamiento integral que les permita construir condiciones de vida dignas, al tiempo que invitaron a fortalecer la empatía social frente a las personas desplazadas.
Los Corporados coincidieron en que esta fecha representa una oportunidad para reconocer el sufrimiento de millones de víctimas que han perdido familiares, territorios y proyectos de vida, y que esperan una respuesta efectiva del Estado que garantice sus derechos. Señalaron que, aunque anualmente se destinan recursos significativos para la atención de víctimas, persisten desafíos en materia de reparación integral, reconocimiento simbólico y justicia social.
Indicaron que la reparación no puede limitarse al componente económico, ya que existen daños irreparables como la pérdida de la vida de familiares, lo que exige avanzar en procesos de reconocimiento, dignificación y construcción de verdad que permitan devolver la honra a las víctimas. Destacaron la importancia de fortalecer estrategias que contribuyan a superar condiciones estructurales de exclusión relacionadas con acceso a vivienda, alimentación, empleo y educación.
Asimismo, expresaron la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional para mejorar los mecanismos de atención y avanzar en procesos que permitan garantizar oportunidades laborales, inclusión social y mayor visibilización de las necesidades de las víctimas en el ámbito nacional, teniendo en cuenta que Medellín ha sido receptora de cerca de 350 mil víctimas del conflicto armado.
También resaltaron la importancia de generar espacios de diálogo para evaluar el alcance de los programas existentes y revisar las condiciones presupuestales destinadas a esta población, con el fin de consolidar estrategias que contribuyan a superar factores de violencia estructural y evitar procesos de revictimización o estigmatización.
Los Cabildantes señalaron que resulta fundamental intervenir las condiciones que reproducen las violencias estructurales, particularmente en aspectos como acceso a vivienda digna, seguridad alimentaria, transporte y oportunidades reales de inclusión social. Indicaron que los contextos de exclusión y desigualdad continúan limitando las posibilidades de desarrollo de muchos jóvenes, quienes ante la falta de alternativas integrales terminan expuestos a dinámicas que profundizan los ciclos de violencia.
Asimismo, insistieron en la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de la verdad frente a los crímenes cometidos contra la población civil, recordando que cerca del 80 % de las víctimas del conflicto armado en Colombia corresponden a personas no combatientes. Advirtieron que los prejuicios sociales pueden derivar en nuevas formas de vulneración de derechos, especialmente en un contexto nacional donde aún persisten múltiples expresiones del conflicto.
Por su parte, el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, reiteró que la solidaridad con las víctimas se materializa a través de acciones concretas que promuevan la dignidad, la inclusión social y la garantía de derechos, señalando que recordar constituye un acto de justicia y un compromiso ético de toda la sociedad para avanzar hacia la verdad y la no repetición.
Destacó que el Distrito ha destinado recursos para apoyar el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera, incluyendo un presupuesto cercano a $9.800 millones de pesos, con una asignación adicional de $4.800 millones de pesos para el presente semestre, acompañados de estrategias de atención psicosocial, jurídica y técnica orientadas a dignificar a las familias buscadoras.
De igual manera, se han desarrollado acciones orientadas a la generación de ingresos, fortalecimiento de emprendimientos, retornos y reubicaciones con acompañamiento productivo, así como procesos de memoria y garantías de no repetición que buscan reconocer los daños causados por el conflicto armado y fortalecer la construcción de paz en los territorios.
En la jornada también se destacó el papel del Museo Casa de la Memoria como custodio de las historias de las víctimas, promoviendo procesos de reconocimiento desde múltiples perspectivas que contribuyen a la construcción de memoria colectiva, entendiendo que sin memoria no es posible consolidar escenarios de reconciliación y paz sostenible.
