- Socialización de la Ley 2453 de 2025 y la Directiva 004 de 2026 consolida rutas de atención y protección de los derechos políticos de las mujeres en el Concejo.
- Comisión Legal de Mujeres impulsa ajustes normativos, articulación institucional y la reactivación de la Red de Concejalas del Área Metropolitana.
En el recinto se realizó la socialización de la Ley 2453 de 2025 y la Directiva 004 de 2026 de la Procuraduría General de la Nación, normativas orientadas a prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en la política, con el objetivo de fortalecer las garantías para el ejercicio pleno de sus derechos en escenarios institucionales, comunitarios y electorales.
La corporada Camila Gaviria, vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Concejo de Medellín, señaló que se ha venido articulando la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia política mediante acciones de seguimiento y control político a los casos reportados y la promoción de espacios de escucha activa con concejalas y lideresas, con el propósito de visibilizar la violencia política como un problema público que requiere acciones institucionales integrales.
Indicó además que, desde la Comisión Legal, se vienen impulsando estrategias orientadas a generar espacios de diálogo interinstitucional, identificar barreras en las rutas de denuncia y atención, promover entornos seguros en el ejercicio político e incidir en ajustes normativos y reglamentarios que contribuyan a prevenir la violencia digital y la revictimización.
Asimismo, anunció que se avanza en la reactivación de la Red de Concejalas del Área Metropolitana, la construcción de una agenda conjunta de protección y acompañamiento, y la presentación de un proyecto de acuerdo modificatorio del reglamento interno del Concejo que permita incorporar el artículo 20 de la Ley 2453 de 2025, fortaleciendo los mecanismos institucionales de prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres.
Corporados participantes afirmaron que esta normativa representa una herramienta importante para prevenir situaciones de discriminación y maltrato hacia las mujeres en escenarios políticos, destacando la necesidad de promover su empoderamiento y participación activa en cargos de elección popular.
Explicaron que actualmente la Corporación cuenta con cinco mujeres de un total de veintiún concejales, lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo las condiciones de equidad en la participación política.
Señalaron que es fundamental fortalecer la pedagogía sobre las rutas de atención y protección frente a las violencias políticas, no solo en escenarios institucionales sino también en el ámbito barrial y comunitario, donde muchas mujeres ejercen liderazgo social. Indicaron que, aunque existe una amplia participación femenina en espacios de presupuesto participativo, esta no se refleja en la misma proporción en cargos de elección popular.
Expresaron también que muchas lideresas comunitarias asumen una triple responsabilidad en los ámbitos familiar, laboral y político, lo que genera barreras adicionales para su participación activa en procesos de liderazgo público. En este sentido, propusieron avanzar en la construcción de un directorio de liderazgo femenino que permita fortalecer redes de apoyo y promover una mayor vinculación de las mujeres en escenarios de decisión pública.
A su turno, Marta Liliana Sánchez, comisionada para Asuntos de Género de la Procuraduría Regional de Antioquia, afirmó que la Directiva 004 de 2026 es de obligatorio cumplimiento y establece lineamientos para la implementación de la Ley 2453 de 2025 en las corporaciones públicas, especialmente en lo relacionado con la activación de rutas de atención frente a casos de violencia política contra las mujeres. Indicó que la violencia política puede manifestarse mediante conductas u omisiones, directas o indirectas, en ámbitos públicos o privados, basadas en razones de género que generen daño o sufrimiento a las mujeres o a sus familias, constituyéndose en un fenómeno estructural que afecta el ejercicio de sus derechos políticos.
Señaló que estas violencias pueden presentarse en modalidades psicológicas, simbólicas, económicas, físicas, sexuales, vicarias o digitales, y pueden agravarse por factores de interseccionalidad relacionados con etnia, discapacidad, orientación sexual, género, edad o condición socioeconómica.
Explicó que la Procuraduría General de la Nación ha establecido una ruta de acción para la atención de casos de violencia política que contempla la recepción de la queja a través de canales presenciales, virtuales o telefónicos, la asesoría y acompañamiento conforme a las competencias institucionales, el registro del caso en los sistemas de información correspondientes, la gestión de las actuaciones y el seguimiento hasta su cierre o traslado definitivo.
Por su parte, Natalia Campuzano, delegada de la Secretaría de las Mujeres, afirmó que estos espacios permiten prevenir situaciones de violencia política no solo en corporaciones públicas como concejos o asambleas, sino también en los territorios, a través de las juntas de acción comunal y juntas administradoras locales, donde se presentan prácticas que históricamente han sido normalizadas.
Indicó que reconocer estas situaciones permite avanzar en la transformación de patrones culturales que han limitado la participación política de las mujeres e invitó a mujeres y hombres a denunciar cualquier hecho de violencia ante las diferentes entidades del Estado, con el fin de fortalecer las acciones de prevención, atención y sanción en el país.
