- Se evaluó el estado, uso, administración y control de miles de inmuebles fiscales y bienes de uso público del Distrito, patrimonio que supera los $5,6 billones de pesos.
- Corporados alertaron sobre ocupaciones ilegales, bienes subutilizados y la necesidad de mejorar los mecanismos de vigilancia y aprovechamiento del patrimonio público.
Con el propósito de evaluar de manera integral el inventario, estado, uso, administración y caracterización de los bienes inmuebles del Distrito de Medellín, se realizó debate de control político para revisar la calidad, actualización y confiabilidad de la información asociada al patrimonio público de la ciudad, así como las acciones adelantadas para su protección, mantenimiento y recuperación.
Durante el debate se analizaron aspectos relacionados con la prevención de ocupaciones ilegales, la administración de los bienes fiscales, la actualización de la georreferenciación en los sistemas de información y el aprovechamiento eficiente de los inmuebles públicos.
La concejal Claudia Carrasquilla, primera bancada citante, manifestó su preocupación por el crecimiento de las ocupaciones ilegales sobre predios públicos y por las dificultades que enfrenta la Administración para recuperar y proteger estos espacios. Señaló que el patrimonio inmobiliario del Distrito debe convertirse en una herramienta efectiva para el desarrollo social y urbano de Medellín, garantizando que los bienes públicos cumplan la función para la cual fueron concebidos.
Advirtió que múltiples inmuebles presentan situaciones de tenencia irregular, ocupaciones indebidas y procesos pendientes de recuperación, lo que exige fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y seguimiento por parte de las entidades responsables. Indicó que el patrimonio público no puede convertirse en tierra de nadie ni estar expuesto a procesos de apropiación ilegal que afecten el interés colectivo.
Asimismo, enfatizó que la ciudad no puede permitir que continúe el loteo ilegal de predios públicos ni la ocupación indebida de terrenos por parte de estructuras criminales. Señaló que las construcciones ilegales avanzan en distintos sectores y generan afectaciones urbanísticas, ambientales y sociales que requieren respuestas oportunas y contundentes por parte de las autoridades.
Por su parte, el cabildante de la segunda bancada citante, Farley Macías Betancur, afirmó que debatir sobre el patrimonio público de Medellín va mucho más allá de revisar cifras o inventarios. Explicó que cada bien inmueble representa una inversión social y una decisión pública destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, razón por la cual su protección constituye una obligación ética e institucional.
Sostuvo que cuando un bien público se deteriora, permanece abandonado o es ocupado irregularmente, no solo se pierde un activo material, sino también una oportunidad para generar bienestar colectivo. Por ello, invitó a analizar el patrimonio distrital desde una perspectiva humana y social, entendiendo que estos espacios representan derechos, oportunidades y proyectos para las comunidades.
Otros corporados indicaron que el debate genera gran interés ciudadano debido a que el patrimonio inmobiliario del Distrito supera los $5,6 billones de pesos y enfrenta retos importantes en materia de control, administración y recuperación. Destacaron que existen más de mil bienes con situaciones de tenencia irregular y numerosas alertas relacionadas con ocupaciones indebidas de espacios públicos.
Manifestaron que es necesario identificar cuántos inmuebles se encuentran subutilizados o sin destinación efectiva, con el fin de recuperarlos e incorporarlos a proyectos estratégicos para la ciudad. También solicitaron fortalecer las acciones de inspección y seguimiento para garantizar el adecuado uso de los bienes públicos.
Igualmente, señalaron casos específicos de predios que permanecen abandonados durante años o que presentan dificultades jurídicas y administrativas para su aprovechamiento. Advirtieron además sobre presuntos incumplimientos en contratos de arrendamiento y reclamaron mayores controles frente a la gestión de algunos espacios públicos entregados a terceros para su operación.
El secretario de Suministros y Servicios, Esteban Ramírez Vélez, explicó que Medellín cuenta con un inventario de 3.765 bienes fiscales administrados con el apoyo de 26 dependencias y diversos sistemas de información. Precisó que la dependencia lidera la gestión patrimonial de los inmuebles, mientras otras entidades cumplen funciones relacionadas con control urbanístico, mantenimiento, protección ambiental y defensa jurídica del patrimonio público.
El funcionario aseveró que el Distrito registra más de 34.000 andenes, 25.000 vías y calzadas, más de 3.000 parques y zonas verdes, así como miles de bienes asociados a la infraestructura pública. También destacó que se han adelantado acciones de restitución de inmuebles, recuperación de espacio público, atención de ocupaciones irregulares y procesos de recaudo derivados de la administración de bienes fiscales.
El debate concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo las herramientas de administración, control y recuperación del patrimonio público de la ciudad, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y orientada a garantizar que los bienes del Distrito cumplan plenamente su función social al servicio de la ciudadanía.
