- Concejales solicitaron fortalecer la atención a mujeres gestantes, prevenir las violencias obstétricas y garantizar servicios oportunos.
- El embarazo adolescente en Medellín bajó del 20 % al 8,5 % en una década.
- La Secretaría de las Mujeres reportó 18.000 mujeres sensibilizadas en salud sexual y reproductiva.
Se realizó debate de control político sobre la protección de la vida, la atención materna y la salud mental. Concejales, expertos y representantes de la Administración analizaron las barreras de acceso a los servicios de salud, la prevención de las violencias obstétricas, el embarazo adolescente y la necesidad de fortalecer el acompañamiento integral a las mujeres y las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Expertos invitados abordaron los desafíos de Medellín en materia de salud mental, atención obstétrica y protección de la vida. Señalaron barreras en el acceso a tratamientos psiquiátricos, cuidados paliativos y medicamentos, así como preocupaciones por la disponibilidad de servicios para mujeres gestantes, ante la reducción del 40 % de las camas obstétricas desde 2012 y la sobreocupación hospitalaria.
También expusieron argumentos médicos, bioéticos y jurídicos sobre la dignidad humana, la eutanasia, el suicidio asistido y la protección de la vida desde la gestación, e insistieron en la necesidad de fortalecer la atención integral, garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud y acompañar a las personas y sus familias en condiciones de vulnerabilidad.
El concejal citante, Brisvani Alexis Arenas, centró su intervención en la defensa de la vida en todas sus etapas y destacó la importancia de proteger la dignidad humana, especialmente de las poblaciones más vulnerables, como las madres en situación de abandono, los habitantes de calle y los adultos mayores. Asimismo, manifestó su preocupación por la atención obstétrica, los procedimientos relacionados con el aborto y los casos de suicidio en Medellín.
El Corporado cuestionó las acciones de la Administración para proteger la vida, prevenir el sufrimiento y ofrecer alternativas de apoyo a quienes más lo necesitan. Además, señaló que la información disponible no permite dimensionar completamente estas problemáticas y pidió respuestas y compromisos concretos para fortalecer la atención integral y la protección de la vida.
Por su parte, la concejal María Paulina Suárez, segunda bancada, pidió revisar las obligaciones de las secretarías de Salud y de las Mujeres en el acompañamiento a la salud física y mental de esta población. De igual forma, propuso profundizar en la prevención de las violencias obstétricas en la red hospitalaria pública y conocer las acciones frente a enfermedades de interés en salud pública asociadas al embarazo y el parto.
La Cabildante destacó la necesidad de fortalecer la ruta materno-perinatal, especialmente para las mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad, muchas de ellas afiliadas a Savia Salud. Enfatizó además que el debate debe centrarse en el cumplimiento de las obligaciones legales de la Administración y en la garantía de los derechos de las mujeres y la niñez, más allá de las diferencias ideológicas.
A su turno, la tercera bancada, en cabeza del concejal Farley Macías cuestionó la diferencia entre la ejecución presupuestal y los resultados efectivos en la atención a mujeres gestantes y personas con necesidades de salud mental. Señaló que, a septiembre de 2026, ocho proyectos relacionados con salud y cuidado contaban con un presupuesto definitivo de $275.650 millones, tras adiciones por $69.118 millones, y pidió claridad sobre el impacto real de estos recursos en la ciudadanía.
El Corporado solicitó información sobre la disponibilidad efectiva de camas obstétricas y de salud mental, los tiempos de atención de las remisiones y el acompañamiento a gestantes en condiciones de vulnerabilidad. Además, insistió en que los registros de atención y los porcentajes de ejecución no son suficientes para demostrar resultados, y pidió a la Administración precisar qué servicios recibieron las personas, cuándo fueron atendidas y qué entidad hizo seguimiento a cada caso.
Otros Concejales expusieron distintas posiciones frente a la interrupción voluntaria del embarazo, la protección de la vida prenatal y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Mientras algunos insistieron en la importancia de analizar los fundamentos biológicos, éticos y jurídicos de la protección durante la gestación, otros defendieron la autonomía reproductiva, el carácter laico del Estado y la necesidad de garantizar que las mujeres puedan decidir sobre la maternidad sin presiones, con acompañamiento institucional y condiciones dignas.
También solicitaron revisar las muertes maternas potencialmente evitables, los protocolos de atención de emergencias obstétricas y las dificultades financieras que han reducido la capacidad hospitalaria para atender partos, con el propósito de identificar soluciones que garanticen servicios oportunos y sostenibles para las mujeres gestantes.
En su intervención la secretaria de Salud, Natalia López, informó que, con corte a agosto de 2026, se registraron 42 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 950 en adolescentes de 15 a 19 años. Agregó que la proporción de embarazo adolescente pasó de cerca del 20 % hace una década al 8,5 % actual. Sobre la mortalidad materna, señaló que se han registrado dos casos en 2026, aún sujetos a análisis para determinar si eran evitables.
También resaltó la ruta materno-perinatal, que ofrece acompañamiento a las mujeres y sus familias durante la gestación, el parto y el posparto, con apoyo de profesionales de enfermería y psicología, canales de orientación y coordinación con hospitales, clínicas y EPS. Finalmente, reiteró el compromiso de fortalecer la promoción del parto humanizado y prevenir las violencias obstétricas en las instituciones de salud.
Finalmente, Valeria Molina, secretaria de las Mujeres, presentó las acciones para prevenir las violencias obstétricas y garantizar una atención digna y humanizada durante el embarazo, el parto y el posparto. Señaló que la dependencia trabaja articuladamente con el sector salud para fortalecer el enfoque de género y reducir las barreras de atención.
