- La libertad religiosa en Medellín debe traducirse en inclusión real y acciones concretas.
- Expertos piden más articulación y financiamiento para implementar la política de cultos.
- El Concejo insiste en articular esfuerzos para garantizar la igualdad y el respeto.
Expertos y autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos en Medellín como un instrumento clave para garantizar los derechos, promover la igualdad y reconocer el aporte al tejido social de las organizaciones basadas en la fe.
Se resaltaron los avances logrados y los retos pendientes, como la necesidad de mayor articulación institucional, la inclusión de minorías religiosas, la definición de indicadores claros y el fortalecimiento del diálogo interreligioso.
Expertos presentes manifestaron que la libertad religiosa y de culto en Colombia es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de 1991, que garantiza a toda persona la posibilidad de profesar, practicar y difundir su fe sin imposiciones, exclusiones ni miedo a la discriminación. Este principio no implica relativismo espiritual, sino el respeto a las creencias individuales y el fortalecimiento de una sociedad diversa, donde se protejan las tradiciones de comunidades históricamente marginadas y se fomente la convivencia pacífica, agregaron.
Afirmaron que es urgente seguir trabajando no solo por la libertad, sino también por la igualdad, llevando atención y apoyo a quienes más lo necesitan. Frente a los desafíos de la vida y las amenazas de los extremismos que dividen y generan violencia, el llamado es a favorecer espacios que permitan el encuentro espiritual, el respeto mutuo y la construcción de un mundo donde la verdad y la paz sean una realidad.
En su intervención, el concejal Carlos Gutiérrez, primera bancada de la invitación, resaltó la importancia de que las iglesias realicen eventos de ciudad en Medellín, ya que estos benefician a diversos actores, como ocurrió con el encuentro realizado este año en el Estadio Atanasio Girardot. Señaló que los eventos de las iglesias no son solo espacios para rezar o realizar actividades espirituales, sino también oportunidades para incluir a los jóvenes y fortalecer el tejido social, sin importar la denominación religiosa. Además, hizo un llamado a avanzar en la forma de concebir esta política pública y a buscar mecanismos para que todos se sientan incluidos en el comité que la lidera.
Asimismo, invitó a reflexionar sobre el papel de las iglesias y el aporte que hacen al Estado y la sociedad desde distintos ámbitos. Señaló que la Secretaría de Participación Ciudadana, como primer respondiente de esta política, debe estar siempre presente y mostrar las alianzas que se han construido para implementar de manera integral la política pública de libertad de creencias religiosas y de cultos.
Mientras el cabildante Brisvany Arenas, segunda bancada de la invitación, destacó que la Política Pública Integral de Libertad de Creencias religiosas y de Cultos es un documento valioso y un marco esencial para la ciudad, que ha dado pasos importantes en la garantía de derechos y en la promoción de un ambiente de respeto y pluralidad.
Sin embargo, en el espíritu constructivo del Concejo, señaló que es necesario continuar perfeccionándola, integrando las observaciones que permitan fortalecerla para que no solo cumpla con los estándares legales de neutralidad, sino que también honre la rica tradición y el diverso tejido religioso de Medellín, reconociendo las particularidades y el aporte fundamental de cada fe, especialmente de aquella que ha cimentado gran parte de nuestra identidad y patrimonio.
A su vez, el corporado Damián Pérez, tercera bancada de la invitación, recalcó que la política pública debe ofrecer un trato justo e igualitario. Además, recordó que, tras 3 años y 3 meses, persisten recomendaciones sin atender y hay pendientes como clarificar competencias y crear un instrumento financiero. Propuso la creación de una oficina de asuntos religiosos que sea garante y señaló que la Secretaría de Participación tiene una responsabilidad clave.
En la intervención de los concejales, la corporada Janeth Hurtado, destacó la importante labor social de las organizaciones basadas en la fe y el impacto positivo de su trabajo en las comunidades. Señaló que persisten desafíos como la invisibilización de minorías religiosas, la falta de articulación entre instituciones, la escasa apropiación de la política en algunas dependencias y la ausencia de fuentes de financiación.
Por su parte, Daniel Vélez, delegado de la Secretaría de Participación Ciudadana, señaló falencias en tres pilares de la política pública: la falta de un documento técnico financiero, la baja capacidad de atención de las dependencias responsables y la ausencia de indicadores claros para su seguimiento. Explicó que el comité técnico trabaja en cinco ejes: libertad religiosa, participación, educación, paz con enfoque territorial y cooperación internacional. El foco es fortalecer la capacidad administrativa de las organizaciones basadas en la fe y articular lo administrativo, jurídico y comunicacional para promover los derechos.
Finalmente, Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos, señaló que desde la dependencia se ha desarrollado una estrategia de acompañamiento basada en la dignidad humana, la igualdad y el pluralismo. Destacó el compromiso para promover el respeto por la libertad de cultos como parte del derecho a la dignidad, acompañar la ejecución de la política pública, integrar la libertad religiosa en las rutas de atención a víctimas y poblaciones vulnerables, entre otras.
