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Se alerta por retrasos, desactualización y baja inversión en la Política Pública de Familia

  • El Concejo manifestó su inquietud por el lento avance y la desactualización de la Política Pública de Familia, vigente desde 2011.
  • Se pide un plan de acción claro, mejores indicadores y fortalecimiento de la articulación. La inversión proyectada disminuye de $21 mil millones en 2024 a $14 mil millones en 2025.
  • La inversión proyectada en el programa Familias con bienestar y oportunidades disminuye de $21 mil millones en 2024 a $14 mil millones en 2025.

 

Durante debate de control político, se evidenció preocupación por el lento avance y la falta de actualización de la Política Pública de Familia, adoptada en 2011 mediante el Acuerdo 54. Según los Cabildantes, el contexto actual demanda una política que responda a las nuevas realidades familiares de la ciudad. 

 

Desde la Fundación ConCiudadanos se hizo un llamado urgente a revisar y actualizar la política, considerando los nuevos desafíos sociales. Si bien se reconocen avances como los Centros Integrales y el acompañamiento psicosocial, advierten vacíos conceptuales sobre la definición de familia y el uso de los recursos. 

 

Con base en el artículo 42 de la Constitución, la Fundación reafirmó que la familia se constituye por la unión libre entre un hombre y una mujer, y rechazó que ideologías distorsionen ese principio. Propusieron medidas concretas como subsidios para matrimonios jóvenes, ampliación de licencias parentales, incentivos fiscales y el respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos. 

 

Por su parte, la concejala Leticia Orrego, primera bancada citante, cuestionó la ausencia de diagnósticos claros, estrategias efectivas y datos actualizados. Señaló que, de 1´200.000 hogares que existen en Medellín, la Unidad de Familia solo se realizó 800 encuestas, representado el 0,067 por ciento. Además, criticó que entidades como la Secretaría de Cultura no cuenten con una unidad de medida que permita evaluar el impacto en las familias.  

 

Sabemos que el tema de familia es transversal en todas las secretarías, pero existe un asunto puntual que nos preocupa y es la Política Pública de Familia, una política que está desactualizada y hoy debe ser la prioridad, afirmó Orrego, quien además lamentó retrocesos normativos como la eliminación del festivo por el Día de la Familia y llamó a reconocer la diversidad de estructuras familiares.  

 

Si no trabajamos por fortalecer la familia no vamos a lograr un futuro mejor, advirtió en su intervención. De igual forma, llamó la atención sobre la baja de recursos: mientras otras políticas públicas superan los $1.200 millones de pesos, la de familia apenas llega a $200 millones. Analizando la inversión focalizada en los programas para las familias encontramos que para el programa Familias con bienestar y oportunidades se pasó de $21.278 millones en 2024 a $14.395 millones en 2025, nuestra preocupación radica en que la inversión focalizada en acompañamiento a las familias debe aumentar cada año, de lo contrario los objetivos no pasarán del papel, puntualizó la Corporada.  

 

A pesar de estas dificultades, algunos programas han superado sus metas. El programa Familias con bienestar y oportunidades de Vida atendió a 33.253 hogares en 2024, logrando un cumplimiento del 110%. Los Centros Integrales de Familia alcanzaron una cobertura del 122%, beneficiando a 9.759 familias, no obstante, la reducción de recursos amenaza la sostenibilidad de estos logros y evidencia la necesidad de ampliar metas y cobertura, explicó.  

 

También alertó sobre la disminución en la atención a niños, niñas y adolescentes, personas mayores y mujeres en el contexto familiar desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia. En el caso de la atención a los casos de violencia intrafamiliar se observa que pasó de 12.471 atenciones en 2023 a 11.559 atenciones en 2024, lo que genera dudas sobre el verdadero impacto de la intervención estatal, esto es preocupante ya que las atenciones deben aumentar, nunca disminuir, en especial en el actual contexto de violencia intrafamiliar que atraviesa el distrito de Medellín, solicitó de manera contundente.  

 

Concluyó en su exposición que las familias en Medellín necesitan su nueva Política Pública, además hizo algunas recomendaciones, entre ellas, que la Unidad Familia de Medellín agilice la actualización de la política pública y ampliar la fase de deliberación y validación con los grupos de valor: academia, organizaciones de la sociedad civil, líderes, entre otros.    

 

Mientras que el corporado Brisvani Arenas, segunda bancada citante, destacó los avances de la Secretaría de Inclusión Social, como el funcionamiento del 100% de los Centros Integrales, la actualización de la política pública y la atención a más de 3.200 hogares. Resaltó también el acompañamiento psicosocial a 9.759 personas y la participación de 4.224 familias en talleres de crianza positiva. No obstante, hizo un llamado a definir un plan de acción con indicadores claros, mejorar la medición de familia como unidad estadística y fortalecer la articulación institucional. 

 

Arenas también valoró el trabajo de la Secretaría de Cultura, que en 2024 desarrolló más de 6.100 actividades con enfoque diferencial y desde la Secretaría de las Mujeres, 213.959 mujeres cabeza de hogar recibieron beneficios y se atendieron 131 familias víctimas de violencia intrafamiliar. El reto para esta Administración es grande, pero si se trabaja con enfoque, es posible lograrlo. Hoy muchas familias enfrentan dificultades emocionales, y todo empieza por mamá y papá, la responsabilidad no puede recaer solo en las instituciones, agregó.  

 

A su vez, la cabildante María Paulina Suárez, tercera bancada citante, insistió en que la política pública debe ser flexible y reflejar la diversidad de hogares en Medellín. Propuso revisar cuántos proyectos realmente fortalecen a las familias y evitar duplicidades. Además, sugirió que el Observatorio de Familia sea liderado por el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) y que el Foro para la Familia lo asuma la academia, sin uso de recursos públicos. 

 

Otros Corporados hicieron un llamado a fortalecer las estrategias para que la ciudad sea protectora y segura, y pueda afianzar la Política Pública, como una premisa clave para transformar las realidades de la niñez, las mujeres y las familias cuidadoras.

 

La secretaria de Inclusión Social y Familia, Sandra Milena Sánchez, explicó que la Política se concentra en la familia y en su capacidad de agencia como escuela número uno formadora de seres humanos y vínculos, en su contexto de participación y de ciudadanía y democracia, esta capacidad de agencia es la que nos permite ver a las familias en sus conjuntos y realidades que pueden afectarla para concentrarnos en las capacidades, herramientas y oportunidades para su desarrollo.  

 

La Política Pública para la Familia fue reglamentada según el Acuerdo 54 de 2011 y el Decreto reglamentario 0835 de 2013, cuenta con unos pilares fundamentales, el primero es reconocer a la familia como un entorno de cuidado y protección, el segundo es el lugar donde se materializan realidades como personas, y el tercero, es que hace énfasis en la capacidad de agencia de las familias, manifestó la directora técnica de Familia, Katalina Moreno. 

 

Agregó que uno de los objetivos generales de la política es brindar mecanismos de articulación de las acciones y actores que prestan servicios a la familia en favor de sus derechos, el cual se materializa en un Plan de Desarrollo con enfoque para la familia. 

 

Los resultados 2024-2025 se centran en la atención a 103.272 personas mayores beneficiadas con servicios que promueven el cuidado del envejecimiento digno y activo, 37.613 hogares con acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida, 5.111 hogares acompañados para el fortalecimiento de vínculos familiares y 11.052 personas migrantes atendidas y orientadas sobre rutas de derechos, entre otras, presentó Moreno en su exposición.  

 

El Concejo Distrital concluyó que la actualización de la Política Pública de Familia debe convertirse en una prioridad y contemplar temas urgentes como la salud mental, el acompañamiento a huérfanos por feminicidio, la protección de jóvenes que egresan del ICBF y un sistema de información familiar sólido y articulado.