- La emergencia en estos sectores fue una «catástrofe anunciada» debido a previas denuncias de la comunidad por filtraciones y una infraestructura deficiente.
- Concejales exigieron una auditoría técnica externa sobre la responsabilidad de EPM y la articulación con Bello y otras entidades para una atención integral y una futura planeación urbana que garantice vivienda digna y mitigación de riesgos en zonas vulnerables.
En el Concejo se escuchó a las víctimas de la emergencia ocurrida el pasado 24 de junio en el sector de Granizal, municipio de Bello, que también afectó a los habitantes del barrio Santo Domingo Savio de Medellín. Esta tragedia, que a la fecha ha cobrado la vida de 27 personas, puso de manifiesto la urgente necesidad de una respuesta articulada y la responsabilidad de múltiples actores.
Representantes de la comunidad y expertos invitados expresaron su profundo dolor e indignación de que un sector con tantas carencias solo reciba atención de la administración pública en momentos de tragedia. Hicieron un llamado vehemente a los Concejales para que, dejando de lado las diferencias políticas, trabajen unidos en la búsqueda de soluciones para estas comunidades vulnerables.
La comunidad también expresó dificultades en el transporte público, con rutas de buses afectadas y puentes deteriorados que complican la movilidad. De igual forma, evidenciaron los radicados de denuncias previas que alertaban sobre la inminencia de la catástrofe, calificándola como una tragedia anunciada.
Yulieth Arango, líder comunitaria, señaló que la misma comunidad actuó inicialmente para atender a las víctimas, ya que la ayuda de Medellín llegó a partir de las 7:00 a.m. y la del municipio de Bello después de las 6:00 p.m. del 24 de junio. Hizo un señalamiento directo sobre la responsabilidad de EPM por la ruptura de un canal madre, identificándolo como posible causante de la tragedia.
Asimismo, solicitó que la atención a las víctimas se realice con humanidad y dignidad, garantizando la reubicación de las familias afectadas y que las investigaciones determinen los responsables. Enfatizó en la importancia de extraer los cuerpos aún desaparecidos, dada la discrepancia entre las cifras de desaparecidos y muertos.
El concejal Brisvani Arenas, primera bancada de la invitación, reconoció la presencia institucional de Medellín, lamentó la escasa participación de la Alcaldía y los concejales de Bello. Calificó como insuficientes las respuestas de los funcionarios que representaron a las entidades, ya que no se perciben claramente los responsables de la emergencia y de acciones concretas para atender a los afectados, especialmente en lo referente al suministro de agua, alimentación y vivienda.
Añadió que es fundamental evacuar a las familias que estuvieran en riesgo, pero considera que las condiciones en que los damnificados serían desalojados los arrojarían a situaciones de mayor precariedad. Finalmente, solicitó no dejar la tragedia en el olvido, si no avanzar en obras y aplanamiento del terreno que contribuyan a disminuir el impacto causado por el deslizamiento.
Por su parte, el corporado José Luis Marín, segunda bancada de la invitación, expuso la confusa realidad administrativa del sector, por esto, instó a ejercer conjuntamente control político sobre entidades como EPM y la Alcaldía de Bello con el objetivo de evaluar las acciones preventivas y de atención a la emergencia. Criticó la forma en que se están realizando los desalojos, ya que los recursos para pagar el arrendamiento de las familias afectadas son insuficientes.
Solicitó una auditoría técnica externa, independiente y especializada que determine la responsabilidad de EPM en la ruptura del tubo de aguas crudas como factor causante de la emergencia, además, se refirió al pluviómetro que se instaló después de la tragedia, que no da registros previos y fue uno de los temas debatidos en el Plan de Desarrollo.
EPM es uno de los principales responsables de la tragedia, dado que la afectación de un canal madre pudo haber sido un factor determinante en la tragedia, señaló el corporado Farley Macías, tercera bancada de la invitación, quien mostró su inconformidad con la versión de la alcaldesa de Bello, el director del DAGRAN y funcionarios de EPM, ya que descartan afectaciones debido al canal de aguas, a pesar de que los habitantes reportaron filtraciones incluso en días secos, atribuyendo toda responsabilidad a la acción climática y a pesar de las denuncias previas a través de material audiovisual compartido por los habitantes del sector.
El Cabildante cuestionó el desmonte de la alarma para alertar a la comunidad en caso de emergencias, la cual había sido instalada días antes, solicitó que sea presentado un plan de mitigación de riesgo para blindar los tramos del canal de transporte de agua como Piedras Blancas – El Toldo y pidió a EPM formular un programa de evaluación preventiva para todos los tramos de tubería que están ubicados en zonas de ladera en el Valle de Aburrá.
Otros Concejales subrayaron que el riesgo no debe manejarse con frivolidad y que, existiendo recursos para mitigarlo, deben usarse, como es el caso de los dineros destinados del superávit de EPM que ascienden a más de $60.000 millones para la intervención en fuentes hídricas. Recordaron que filtraciones previas ya estaban deteriorando la vía lo que generó llamados a las entidades de Gestión del Riesgo implicadas, pero sin acciones efectivas.
Una de las mayores preocupaciones es la vivienda digna para los damnificados. Frente a esto, los Cabildantes hicieron un llamado a no crear falsas expectativas y a que las soluciones efectivas involucren a las administraciones locales, departamentales y nacionales.
Los Corporados señalaron que uno de los grandes desafíos para el Concejo será la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Consideran esencial la regularización de viviendas en zonas de alto riesgo para permitir la mitigación necesaria y la inversión social, y solicitaron iniciativas concretas del Área Metropolitana en mitigación de riesgos, y de ISVIMED y VIVA en soluciones de vivienda.
A su vez, Carlos Quintero, director del DAGRD de Medellín, expresó su solidaridad y el compromiso de la Administración con los derechos de la comunidad. Manifestó que se han realizado acciones articuladas con el Departamento de Gestión del Riesgo Departamental y los bomberos de Bello, puntualizando que la atención nacional en la situación fue inexistente. Enfatizó que, a pesar de que la mayoría de los afectados en el refugio eran de Bello, todos fueron atendidos en el Antonio Derka sin discriminación.
La secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz Angela Álvarez, destacó que desde su dependencia se recolectó información para compartir con la administración de Bello y la atención a los damnificados de este municipio. Actualmente, hay 307 familias afectadas: 62 en hoteles, 165 auto albergadas, 4 pagando arriendo, 8 en vivienda prestada y 68 permanecen en habitaciones afectadas.
Por su parte, EPM convocó a trabajar por verdades técnicamente constatables y a un trabajo articulado para entender lo sucedido. Presentaron testimonios de personal de la administración de Bello y de la Gobernación de Antioquia, quienes señalaron que la acumulación de agua lluvia fue la causante de la emergencia, descartando el tubo madre como origen, contrario a lo que señala la comunidad. Actualmente están enviando carrotanques para proveer agua al sector.
