- El control fiscal con enfoque ciudadano, ambiental y estratégico hacen parte de la bandera de la Contraloría Distrital de Medellín.
- Vigilancia técnica y cercana para una gestión pública más eficiente y transparente
La presentación del informe de la Contraloría Distrital de Medellín correspondiente a la vigencia 2024 reafirmó el papel estratégico de la Contraloría Distrital de Medellín como garante del buen uso de los recursos públicos y aliada clave en el desarrollo sostenible del Distrito.
Con una visión técnica, preventiva y territorial, bajo la dirección del contralor Pablo Andrés Garcés Vásquez, la Contraloría entregó un balance que pone en evidencia avances significativos tanto en el fortalecimiento de las finanzas del conglomerado como en la protección del medio ambiente urbano.
Concejales reconocieron que el fortalecimiento de la Contraloría ha sido determinante para consolidar un control más oportuno, cercano y confiable. Se resaltó el impacto de una gestión transparente y el compromiso ciudadano reflejado en el pago responsable de impuestos. Asimismo, se instó a la Contraloría a intervenir con más decisión frente a temas sensibles como la situación financiera de EPM, el Hospital General, Metrosalud y la duplicidad de funciones en el conglomerado, solicitando su participación activa en la revisión de problemas estructurales del Distrito.
Corporados expresaron que los resultados presentados merecen un reconocimiento público, destacando que la entidad ha alcanzado estándares sobresalientes en el país obteniendo una calificación del 94.9% por su gestión en el país. Subrayaron el compromiso técnico y ético del equipo auditor y celebraron que la Contraloría esté siendo percibida por la ciudadanía como una entidad confiable y comprometida con el bienestar colectivo.
De igual manera, enfatizaron en la importancia de contar con informes financieros claros, estructurados y consolidados que permitan realizar un seguimiento riguroso al cumplimiento de metas institucionales. Además, se consideró que la planificación financiera debe seguir fortaleciéndose, con un enfoque en sostenibilidad, transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
Así mismo valoraron la inclusión en el informe de casos como Afinia, Aguas de Malambo y las inversiones de EPM en el extranjero, destacándolos como herramientas clave para entender las presiones financieras actuales. Reconocieron los esfuerzos del órgano de control para generar planes de mejora aplicados en las entidades del conglomerado y la atención especial a temas ambientales como los rellenos sanitarios de EMVARIAS.
Se llamó la atención sobre el estado del río Medellín, la calidad del aire y los altos niveles de contaminación por ruido, advirtiendo que no se debe esperar a una crisis para tomar medidas. Se solicitó que el componente ambiental del control fiscal sea aún más activo y propositivo, pues incide directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, en especial la población más vulnerable.
El informe también fue valorado como una herramienta de diagnóstico útil para identificar prioridades y hacer seguimiento efectivo a los procesos. Desde una postura crítica y propositiva, se planteó la necesidad de que la Contraloría siga profundizando en la vigilancia del uso de recursos, sin eludir los temas incómodos, como el tamaño del conglomerado y la posible duplicidad de funciones, pues una entidad de control también debe ser voz y faro ante los desafíos estructurales del Distrito.
A su turno, el contralor distrital, Pablo Andrés Garcés Vásquez, precisó que, en términos concretos, se reportó que el patrimonio del conglomerado presenta una tendencia creciente del 5,9%, evidenciando estabilidad. En materia ambiental, se ejecutaron más de $503 mil millones, de los cuales el 31,9% fue liderado por el Distrito y sus entidades descentralizadas. Se llevaron a cabo 83 auditorías, 33 de ellas ambientales, y se identificaron hallazgos fiscales por más de $41.790 millones de pesos, indicó.
Además, durante el periodo 2022–2024 se consolidaron 216 hallazgos, de los cuales 65 tienen presunta connotación fiscal por un valor de $16.398 millones. Estos resultados muestran un control fiscal profundo, técnico y articulado, que genera valor público. La Contraloría también lideró auditorías a contratos clave, permitiendo detectar deficiencias, fortalecer procesos y anticiparse a riesgos fiscales que podrían impactar negativamente la gestión pública, puntualizó.
