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Se abordó la crítica situación de contaminación en los sectores de Santa Teresita y Laureles Campestre, una problemática que por años ha sido denunciada por la comunidad debido a los malos olores, la presencia constante de material particulado y los problemas respiratorios que padecen sus habitantes.
Concejales, representantes de la comunidad, expertos, autoridades ambientales y funcionarios distritales, reconocieron la complejidad del fenómeno y la necesidad de actuar de manera conjunta.
Expertos presentaron estudios y evidencias que confirman la mala calidad del aire en la zona, especialmente durante las noches y madrugadas. Los informes señalaron la presencia de contaminantes tipo PM2.5 y PM10, partículas de tamaño microscópico que representan un alto riesgo para la salud respiratoria y cardiovascular. Los especialistas solicitaron implementar monitoreo continuo de emisiones, realizar estudios epidemiológicos que midan el impacto en la salud de la comunidad y adoptar tecnologías de tratamiento del aire.
Residentes de estos sectores manifestaron su desesperación ante la falta de respuestas y soluciones concretas, asegurando que la situación se ha vuelto insostenible, especialmente durante las noches, cuando los olores y la bruma contaminante se intensifican.
El concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, bancada citante, explicó que desde comienzos de 2024 ha acompañado a la comunidad de Santa Teresita y Laureles Campestre en múltiples reuniones y recorridos, donde se ha constatado la gravedad de la situación. El corporado relató que las familias afectadas (cerca de 15 a 20 mil personas), han denunciado continuamente los malos olores y el deterioro en la calidad del aire, que incluso llega a otras zonas bajas de Laureles.
Detalló que tras las alertas iniciales se conformó una comisión accidental con presencia del Área Metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y Corantioquia, la cual ha adelantado inspecciones en asfaltadoras y ladrilleras del territorio rural de Belén Aguas Frías y Altavista, posibles fuentes de la contaminación.
Propuso como medida urgente la instalación de tecnología Ecol-Air, un sistema capaz de atrapar el material contaminante y purificar el aire, con un piloto en la zona afectada. A corto plazo, planteó la creación de una mesa interinstitucional con poder de decisión, liderada por la Administración Distrital e integrada por las secretarías de Medio Ambiente, Salud, y entidades como Corantioquia, Área Metropolitana, y demás que tengan competencia en el tema, así como por la comunidad.
A mediano plazo, solicitó la formulación de un protocolo de intervención rural-urbano para coordinar acciones ambientales conjuntas. Finalmente, anunció que la bancada presentará la propuesta de declarar emergencia ambiental y sanitaria en el área de influencia.
Concejales participantes coincidieron en la gravedad del problema y en la necesidad de acciones inmediatas y coordinadas. Expresaron su preocupación por la falta de liderazgo interinstitucional, y enfatizaron que las entidades deben dejar de trasladarse responsabilidades unas a otras. Propusieron fortalecer el POT para generar incentivos que motiven a las industrias a migrar hacia zonas más alejadas de las urbanas o implementar tecnologías limpias.
Manifestaron la necesidad de aclarar que la responsabilidad principal recae sobre Corantioquia, entidad de carácter departamental, dado que las empresas contaminantes se encuentran en su jurisdicción y son ellos quienes otorgan los permisos y realizan el control y vigilancia ambiental, por lo tanto, desde el Concejo no se les puede citar a control político de forma obligatoria.
La secretaria de Medio Ambiente, Jenny Marcela Ruiz, destacó las acciones de acompañamiento y monitoreo realizadas en el territorio, así como la voluntad de apoyo técnico a la autoridad ambiental (Corantioquia). Se informó que en el sector rural están autorizadas diez fuentes fijas de emisión, y que se ha promovido la adopción de prácticas de economía circular y reducción voluntaria de emisiones, además del fortalecimiento de corredores verdes como estrategia de mitigación.
Por su parte, Juan Fernando Zabala, jefe de la oficina territorial del Aburrá norte de Corantioquia informó que ha realizado 49 visitas de control a las empresas del sector y que, aunque se han impuesto suspensiones temporales cuando ha sido necesario, en las más recientes verificaciones las ladrilleras han demostrado cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales.
