- Estas estrategias buscan el fortalecimiento institucional de EPM.
- En plenaria se solicita claridad sobre el futuro de la empresa.
- Comunidad, Corporados y Gerencia coinciden en preservar la esencia pública de EPM.
Se analizaron los ajustes propuestos a la estructura organizacional del Grupo EPM, con el objetivo de fortalecer su viabilidad operativa y estratégica hacia 2035. Durante el encuentro, también se revisaron los procesos de venta de activos y empresas del grupo empresarial en el exterior, incluyendo sus respaldos técnicos, financieros y jurídicos.
Carlos Arturo Posada, en representación de la comunidad, expresó preocupación por la posibilidad de que la actual estructura conduzca a una privatización encubierta pues señaló que más del 40% de los trabajadores de EPM son contratistas y muchas obras de expansión se desarrollan bajo esta modalidad, por ello, pidió mantener a EPM como una empresa pública que proteja su naturaleza social y asegure que los beneficios continúen siendo para Medellín y sus habitantes, opinión que compartieron varios asistentes.
Corporados coincidieron en la importancia de la sesión, destacando que EPM es la cabeza del mayor conglomerado de servicios públicos del país y una de las empresas más sólidas del continente. Resaltaron que su éxito se basa en operar con criterios de eficiencia y competitividad similares a los de una empresa privada, pero con un corazón público y una misión social que la distingue.
Asimismo, enfatizaron que el debate no puede reducirse a un discurso político, dado que no existen decisiones de venta ni intenciones de privatización. Además, explicaron que procesos previos, como la desinversión en TICSA, iniciada en 2021 en administraciones anteriores, han seguido los lineamientos legales y los principios de transparencia y sostenibilidad.
Destacaron la necesidad de fortalecer el rol estratégico de EPM y consolidar una estructura administrativa moderna, con procesos ágiles y eficientes que permitan separar los roles entre matriz y empresa operativa, buscando mejorar la gobernanza y garantizar que las filiales generen excedentes para la ciudad, apoyando así la iniciativa de la gerencia.
Insistieron en que ningún alcalde del futuro debe contemplar la venta de EPM, pues sería renunciar a la máquina que garantiza servicios públicos y recursos para el desarrollo de Medellín. Reiteraron su respaldo a las estrategias de eficiencia y a la creación del Centro de Servicios Compartidos como mecanismos para optimizar recursos y profesionalizar la gestión sin afectar los derechos laborales.
Aunque reconocieron que la ley no exige autorización del Concejo para ventas de filiales extranjeras, como TICSA, algunas voces pidieron mayor transparencia informativa en estos procesos, considerándola una práctica moralmente favorable para la ciudad.
El gerente general de EPM, John Maya Salazar, explicó que la reestructuración busca modernizar la empresa sin perder su esencia pública, separando los roles de dirección y operación para garantizar mayor eficiencia y fortalecer la gobernanza corporativa.
Precisó que EPM cuenta con 47 empresas en 6 países, 17.000 empleados, 16.000 proveedores y contratistas, y más de 26 millones de personas beneficiadas con sus servicios en Latinoamérica. Entre 2015 y 2023, se evidenció un incremento del 15% en los costos operativos (AOM), lo que hace necesario un rediseño organizacional orientado a cumplir con las metas del plan estratégico 2035, que contempla eficiencia, cobertura universal, carbono neutralidad y generación de valor.
Finalmente, reafirmó que no hay procesos de privatización en curso y que la venta de TICSA fue una decisión corporativa de filiales extranjeras, ajustada a la normatividad internacional. El propósito de la nueva estructura es crear una EPM más moderna, eficiente y sostenible, capaz de responder con transparencia y compromiso a los desafíos de la ciudad y el país.
