- Concejales citantes advierten sobre la expansión de las zonas rojas y cuestionan la efectividad de las intervenciones institucionales.
- Más de 15 expertos analizaron la problemática y propusieron soluciones desde distintos enfoques.
- La Administración reconoce limitaciones normativas y se compromete a fortalecer la articulación institucional y participación de actores sociales con experiencia.
Las denominadas “zonas rojas” en la ciudad se convirtieron en una problemática que concentra factores sociales, económicos y de seguridad. Situación que analizaron Concejales y más de 15 expertos, acompañados de funcionarios de la Administración Distrital, quienes examinaron las causas, efectos y posibles soluciones frente a una situación que continúa en expansión y genera alta preocupación ciudadana.
Los expertos invitados, entre ellos personas en proceso de rehabilitación, señalaron que el auge de nuevas sustancias psicoactivas, más adictivas y dañinas, agrava la situación. Indicaron que existe una amplia experiencia en organizaciones dedicadas a la recuperación, pero con escaso respaldo institucional.
Alertaron sobre el inicio temprano en el consumo, incluso desde los 7 años, y coincidieron en que la adicción debe ser el foco principal de intervención. También destacaron el papel del urbanismo en la recuperación de espacios, advirtiendo que, sin sostenibilidad, estos pueden recaer en las mismas dinámicas.
El concejal Andrés Felipe Rodríguez, primera bancada citante, advirtió sobre la creciente complejidad de las zonas rojas en Medellín, señalando que estas no solo representan focos de inseguridad, sino escenarios donde convergen múltiples problemáticas estructurales como la habitancia en calle, el consumo y expendio de sustancias psicoactivas, la explotación sexual —incluida la de menores— y diversas formas de criminalidad.
El Cabildante reconoció los esfuerzos adelantados por la Administración Distrital, pero cuestionó la efectividad de las intervenciones, al evidenciar que, pese a su continuidad, no han logrado contener la expansión ni el impacto de estos territorios en distintos sectores de la ciudad.
En ese sentido, Rodríguez llamó la atención sobre la falta de articulación entre las dependencias responsables, la fragmentación de las acciones institucionales y las dudas en torno a los indicadores reportados, especialmente frente al número real de beneficiarios y la recurrencia en las atenciones. Asimismo, alertó sobre la cercanía de estas zonas a instituciones educativas y corredores de transporte, lo que incrementa los riesgos para niños, niñas y jóvenes.
Como parte de sus propuestas, planteó un punto de atención permanente que denominó Carpa Humanitaria, fortalecer la coordinación interinstitucional y vincular a organizaciones con amplia experiencia en procesos de rehabilitación y atención social, con el propósito de avanzar hacia soluciones integrales que permitan recuperar estos espacios para la ciudad.
La problemática de las zonas rojas no responde a la falta de recursos ni a la ausencia de acciones, sino a la efectividad de las mismas, indicó el cabildante Brisvani Arenas, segunda bancada, manifestando su preocupación por los resultados presentados por la Administración Distrital.
Agregó que, de acuerdo a los sistemas de información oficiales, las intervenciones no están generando los impactos esperados, lo que evidencia fallas estructurales en su implementación. En este sentido, cuestionó la idoneidad de algunos operadores contratados para atender la problemática, al tiempo que otras organizaciones con experiencia comprobada no cuentan con el respaldo institucional necesario.
Arenas enfatizó en la necesidad de incorporar el enfoque espiritual dentro de los procesos de atención y rehabilitación. Expresó su preocupación por los niños, niñas y adolescentes, quienes se ven expuestos al consumo de drogas y a dinámicas de explotación sexual; y advirtió que la promoción de grandes eventos, si bien genera beneficios económicos, puede tener efectos adversos sobre las poblaciones más vulnerables.
Por su parte, el corporado Farley Macías señaló que, aunque la presencia institucional es constante, un análisis más riguroso evidencia que las problemáticas persisten e incluso presentan tendencias de crecimiento, lo que sugiere que las intervenciones actuales no están logrando transformaciones de fondo. En ese sentido, hizo un llamado a pasar de una lógica de gestión administrativa a una de resolución efectiva, advirtiendo que el fenómeno se estaría atendiendo sin lograr cambios estructurales.
Aseveró que esta problemática se extiende a otros puntos estratégicos de la ciudad, como las terminales de transporte, donde la habitancia en calle y el comercio informal impactan la dinámica urbana. Además, alertó sobre la existencia de un circuito de reproducción que captura de manera constante a población vulnerable, especialmente menores de edad, quienes terminan inmersos en redes de consumo y explotación.
Los Concejales coincidieron en la necesidad de dimensionar el problema frente a otras ciudades del país y avanzar hacia un nuevo marco legislativo que permita mayor capacidad de acción. Asimismo, denunciaron la presencia de estructuras de microtráfico en diversos sectores y solicitaron la aplicación de medidas como la extinción de dominio; e hicieron un llamado a liderar acciones a nivel nacional y a fortalecer la protección de menores frente al consumo y la explotación.
A su turno, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, afirmó que este debate debe trascender el ámbito administrativo para convertirse en una conversación colectiva y de sociedad, destacando que las acciones institucionales están limitadas por el marco normativo vigente. Informó que en 2025 se incautaron cerca de 14 toneladas de droga —un incremento del 160 % frente a 2024— y que en 2026 ya se superan las 6 toneladas, aunque advirtió que las estructuras criminales mantienen liderazgos ocultos que dificultan su desarticulación. Continuaremos realizando los esfuerzos necesarios para recuperar estas zonas de la ciudad de la mano de los Concejales y todas las organizaciones y entidades, puntualizó en su intervención.
Finalmente, la secretaria de Inclusión Social, Luz María Ramírez, aseguró que existe articulación entre dependencias, aunque reconoció limitaciones normativas en la atención, especialmente en el caso de menores de edad. Señaló la necesidad de acciones más contundentes en equilibrio con el respeto al libre desarrollo de la personalidad, y advirtió sobre la falta de acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en algunos procesos.
