- Proyecto de Acuerdo 86 de 2026 plantea ajuste salarial del 5,1% para los servidores de la Contraloría Distrital de Medellín.
- Corporados advirtieron retos fiscales y financieros para garantizar sostenibilidad futura del ente de control.
Se analizó el alcance financiero y administrativo del Proyecto de Acuerdo 86 de 2026 que busca establecer el ajuste salarial para los funcionarios de la Contraloría Distrital de Medellín conforme a la normatividad vigente.
La iniciativa fue estudiada con ponencia coordinada por el concejal Miguel Ángel Iguarán, quien explicó que el proyecto plantea un incremento salarial correspondiente al porcentaje del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE para el cierre de la vigencia 2025, equivalente al 5,1%.
Indicó que el propósito principal del proyecto fue preservar la capacidad adquisitiva de los servidores de la Contraloría, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal de la entidad y respetando los límites legales establecidos para este tipo de incrementos salariales.
El coordinador de ponentes también destacó que la iniciativa cuenta con concepto positivo por parte de la Administración, al considerar que el ajuste propuesto se encuentra alineado con las disposiciones nacionales que regulan el crecimiento presupuestal de las contralorías territoriales.
Corporados participantes manifestaron preocupación frente al impacto financiero que podrían generar los incrementos salariales acumulados sobre el funcionamiento futuro de la entidad. Indicaron que en años anteriores se aprobaron aumentos superiores a la capacidad presupuestal del organismo de control, situación que hoy limita el margen financiero para inversiones y gastos operativos.
Además, advirtieron que el crecimiento sostenido de los costos de funcionamiento podría convertirse en una dificultad estructural para la Contraloría si no se adoptan medidas de contención y planeación financiera a mediano y largo plazo.
Finalmente, hicieron un llamado para que la entidad avance en estrategias de reducción de gastos, cooperación institucional y optimización administrativa que permitan garantizar su operación adecuada en el futuro, sin afectar el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control fiscal en Medellín.
A su turno, Catalina Pérez Zabala, contralora auxiliar de apoyo técnico, explicó que la base jurídica para el cálculo presupuestal de las contralorías territoriales se encuentra establecida en la Ley 1416 de 2010, donde se determina que los gastos de las contralorías municipales y distritales crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada y la proyectada.
La funcionaria precisó que dicha normatividad limita el incremento salarial al comportamiento del IPC certificado oficialmente, razón por la cual el ajuste planteado para la vigencia 2026 quedó fijado en el 5,1%, correspondiente a la inflación registrada al cierre del año 2025.
Asimismo, desde la Contraloría se socializaron distintos escenarios de incremento para la vigencia 2026 y se reiteró que el proyecto busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales sin exceder las capacidades presupuestales definidas por la ley.
