- Concejales destacaron la importancia de fortalecer las medidas de protección ambiental, movilidad sostenible y gestión del riesgo en la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial.
- Ruido, gentrificación, movilidad, calidad del aire, islas de calor y protección de moradores fueron algunos de los temas abordados durante la sesión.
En el marco de la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, se examinaron los principales desafíos ambientales que enfrenta Medellín y las estrategias necesarias para responder a fenómenos como la contaminación auditiva y atmosférica, las islas de calor y los efectos del cambio climático. También se abordaron asuntos relacionados con movilidad sostenible, gestión del riesgo, gentrificación y protección de moradores.
El coordinador de ponentes, concejal Andrés Tobón, señaló que el componente ambiental es determinante en el estudio del POT y llamó especialmente la atención sobre el ruido en las zonas de media mixtura, por su impacto en la convivencia. Indicó que se deben fortalecer los controles, aunque el personal disponible resulta insuficiente, y pidió promover una cultura ciudadana que haga de los habitantes actores responsables frente a esta problemática.
Manifestó que los sectores de entretenimiento y rumba han tenido un crecimiento exponencial y la insonorización no siempre es una prioridad para quienes prestan estos servicios. Advirtió que sectores como El Parque Lleras se encuentran saturados y la aplicación del concepto de ciudades de quince minutos debe considerar con seriedad las condiciones de las zonas de media mixtura más afectadas, para evitar que se profundicen los problemas de convivencia.
Otros Cabildantes señalaron además que los niveles permitidos de ruido y los registrados en la ciudad deben ser revisados, al considerar que su generación responde a múltiples factores y que los controles no pueden concentrarse únicamente en el sector de entretenimiento.
Solicitaron información sobre los indicadores utilizados para identificar islas de calor, las fuentes de emisión de material particulado y las zonas con mayores niveles de contaminación auditiva. También resaltaron la importancia de avanzar hacia ciudades saludables, entendidas como aquellas en las que confluyen diferentes estrategias para mejorar la calidad de vida y que trascienden la construcción de equipamientos. En este sentido, llamaron la atención sobre nuevas realidades sociales como el envejecimiento de la población y las necesidades de las personas dentro del espectro autista, así como sobre las dificultades que actualmente presentan algunos hospitales.
Señalaron que el POT es una herramienta integral y plantearon la necesidad de garantizar que sus disposiciones trasciendan el papel y se traduzcan en respuestas efectivas para los ciudadanos. Insistieron en encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y desarrollo y solicitaron que los incentivos tributarios sean suficientemente atractivos para promover la generación de empleo y acciones que contribuyan al cuidado ambiental.
En materia de movilidad, llamaron la atención sobre la necesidad de evitar errores cometidos en decisiones adoptadas en 2014 y garantizar que las nuevas determinaciones respondan a las condiciones actuales del territorio. Destacaron la incorporación de vehículos eléctricos como una alternativa para mejorar los desplazamientos y contribuir a la mitigación de impactos ambientales. También solicitaron revisar los indicadores de movilidad en bicicleta, pues mientras fueron presentados registros cercanos al 10 %, otros datos señalan que menos del 1 % de las personas utiliza este medio de manera recurrente.
Destacaron la inclusión de asuntos como la gentrificación y la turistificación, ya que no se trata de restringir la llegada de turistas a la ciudad, sino de garantizar condiciones dignas para quienes habitan el territorio. Por ello, pidieron fortalecer las herramientas para la implementación de la Política Pública de Protección a Moradores dentro de la actualización del POT y reducir las condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental de quienes históricamente han habitado los territorios.
La ingeniera ambiental Verónica Cotes, integrante del equipo de revisión del POT, explicó que las obras públicas incorporan mecanismos para el control de emisiones contaminantes y la mitigación de fuentes de contaminación visual y auditiva, priorizando las zonas identificadas. También señaló que se adelantan acciones para la protección de fuentes hídricas, el uso adecuado del agua y la identificación de islas de calor para mitigar sus efectos.
Frente a la Política Pública de Protección a Moradores, Claudia Cano, articuladora del POT, indicó que se plantea un subsistema de riesgo asociado a la vulnerabilidad económica derivada del crecimiento de la población en el territorio. Señaló que se busca un desarrollo urbano integral basado en la sostenibilidad, la gobernanza y la confianza ciudadana, reconociendo además el impacto de la gentrificación y su incidencia en la vulnerabilidad territorial.
Entre las medidas propuestas se encuentran planes de mitigación, fortalecimiento de sistemas de alertas tempranas, seguimiento a asentamientos en zonas de riesgo, obras de reforzamiento y mitigación, soluciones basadas en ecosistemas y mecanismos de protección financiera, además de estrategias distritales para la respuesta y recuperación ante emergencias.
