Boletín 161
- Este aplazamiento se realiza de acuerdo con la solicitud presentada por el coordinador de ponentes, concejal Lucas Cañas Jaramillo, sin embargo, se dio el debate para escuchar las diferentes posturas de los asistentes al primer debate.
Durante el primer debate realizado en sesión conjunta por las Comisiones Primera y Segunda del Concejo, y después de analizar diversas opciones como el aplazamiento del debate, retirar el informe de ponencia actual y presentar otro escrito sustitutivo en el cual se reúnan las voces de todos los ponentes, los Corporados de las Comisiones acordaron aplazar la votación del informe de ponencia en tanto se construye otro documento que recoja todas las propuestas y modificaciones expresadas.
No obstante, y a pesar de que el informe de ponencia no sería votado, se procedió a realizar el debate para escuchar las posturas y propuestas de los Concejales, las necesidades y voces ciudadanas a favor y en contra de la iniciativa, y la destinación de los recursos por parte de la Administración Distrital.
Para la elaboración del nuevo informe de ponencia del Proyecto de Acuerdo 135 de 2023 que autoriza transferencia extraordinaria de excedentes financieros de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para adicionar el Presupuesto General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la vigencia 2023, los ponentes se reunirán y lo esbozarán teniendo en cuenta las diversas posturas y aclarando, entre otros aspectos, la totalidad de recursos, la dependencia y el programa o proyecto al cual serán destinados, expresó el coordinador de ponentes, concejal Lucas Cañas Jaramillo.
Bajo la misma línea, manifestó que la fractura y desconfianza ciudadana hacen que este debate se realice en medio de la polarización, pero hoy se debe apelar a la sensatez y a la capacidad de escuchar la ciudadanía. Si no se hacen estas transferencias, no se podrán realizar grandes proyectos de ciudad ni brindar beneficios a los estudiantes de universidades, los usuarios del Sisben y otros proyectos sociales, añadió.
Por su parte, el concejal ponente, Simón Pérez, pidió un informe en el cual se evidencien los traslados y se realice un plan de optimización del presupuesto actual dado que existen indicadores que evidencian baja ejecución. Igualmente, precisar de cuánto es el recurso por superávit porque este dinero puede ayudar a suplir financieramente esos programas que puedan estar desfinanciados.
Al respecto, Alfredo Ramos, cabildante de la Comisión Segunda hizo énfasis en que en varias oportunidades se ha pedido conocer el costo y la valoración de las filiales, incluyendo a UNE, asimismo, expresó que se debe brindar debate de fondo sobre este proyecto, máxime cuando existe desconfianza ciudadana sobre la actual Administración.
El secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, expresó que con todas las opiniones expresadas se buscará lo mejor para la ciudad y todos sus habitantes. Manifestó que esta iniciativa no va en contravía de los intereses de Medellín si no que busca su desarrollo, asimismo, explicó que las transferencias fueron aprobadas inicialmente por $7.1 billones de pesos, sin embargo, fueron reducidas a $6.7 billones de pesos.
Otros Secretarios de Despacho expusieron en el primer debate que los $330 mil millones están destinados al PAE – Programa de Alimentación Escolar, Buen Comienzo, Arrendamiento Temporal, elaboración de estudios socioeconómicos y poblacionales de la ciudad en el Sisben, fortalecimiento a la red pública Metrosalud, etcétera.
Una vez analizados los estados financieros reales a diciembre de 2022 y las proyecciones financieras de EPM se concluyó que los aportes extraordinarios solicitado por el Distrito, para ser pagados por única vez, son viables y no ponen en riesgo la estabilidad financiera de la empresa, aseguró el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo.
Ciudadanos que intervinieron en plenaria expresaron voces a favor y en contra de la iniciativa en las que expresaron la necesidad de aprobar estos recursos para continuar supliendo las necesidades sociales. En contraposición, expresaron su preocupación por la destinación de los recursos, la desfinanciación y estabilidad económica de EPM, el bajo cumplimiento de indicadores en algunos programas y proyectos de la Administración, y el uso de argumentos relacionados con la falta de dineros para cumplir con iniciativas sociales como el PAE, la educación universitaria, entre otras.
