- Un punto por cada zona roja y la ciudad tendría muchos lunares.
- Habitante de calle con cama y comida, habitante de calle para toda la vida.
Medellín necesita políticas que enfrenten las causas estructurales de la problemática de las “zonas rojas”, no para limitar geográficamente el problema, para volverlo más fácil de controlar o para que haga menos ruido, es aceptar que hay lugares en la ciudad donde las personas tienen precio. En tal sentido, urge una transformación positiva de los territorios.
Durante la sesión, expertos y Concejales coincidieron en que la ciudad necesita políticas estructurales que no sólo contengan la problemática de las zonas rojas, sino que la enfrenten de raíz, pues en estas zonas la dignidad humana ha sido relegada a un segundo plano.
La experta invitada Danna Serrano, del Centro para la Familia Conciudadanos, expuso una realidad alarmante al indicar que Medellín ha normalizado la explotación sexual y la trata de personas al punto de ser descrita en redes sociales como un burdel a cielo abierto. Según cifras presentadas en el debate, el 95,2% de quienes ejercen la prostitución son mujeres, la mayoría de los estratos socioeconómicos más bajos, además, el modelaje webcam se ha convertido en una fuente significativa de ingresos en la ciudad, lo que en muchos casos es una forma de explotación sistemática.
Otro tema crítico abordado fue la instrumentalización de niños en condición de calle, ya que se denunció que más de 1.300 menores viven en las calles de Medellín, muchos de ellos son explotados para generar contenidos para las redes sociales, sin que exista una articulación real entre las entidades encargadas de su protección.
El concejal Andrés Felipe Rodríguez, primera bancada citante, reconoció avances en la atención a poblaciones vulnerables, como la instalación de una carpa humanitaria cerca al sector llamado El Bronx, que ha permitido brindar asistencia médica a habitantes de calle con enfermedades de alto riesgo, como la tuberculosis, sin embargo, enfatizó que esto no es suficiente y que la ciudad necesita soluciones de fondo.
En su análisis, el corporado destacó los esfuerzos por parte de la Administración, pero subrayó que las comunas 5 Castilla, y 15 Guayabal, concentran cerca del 30% de la población en situación de calle. En estas zonas, se identificaron 150 niños menores de 6 años, 127 entre 6 y 11 años y 124 entre 12 y 17 años, lo que evidencia una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Alertó sobre las condiciones de los inquilinatos, donde la habitabilidad es precaria y se presentan múltiples formas de violencia y abuso, especialmente contra niños y migrantes, los más vulnerables a estas situaciones.
Por su parte, el cabildante Brisvani Arenas, segunda bancada citante, advirtió que las zonas rojas son el reflejo de una crisis social más profunda y cuestionó la falta de control sobre el tráfico de drogas y la trata de personas, denunciando que Medellín es una ciudad donde cualquier sustancia psicoactiva se consigue con facilidad y donde la vida de un habitante de calle parece no tener valor.
Otros Concejales coincidieron en que estas problemáticas no sólo afectan a los sectores marginales, sino que han permeado el tejido social de toda la ciudad. Se destacó que detrás de la proliferación de estas zonas existen estructuras criminales organizadas que lucran con la miseria de los ciudadanos y que es imperativo articular acciones entre diferentes entidades para enfrentar de manera efectiva este fenómeno.
Indicaron que Medellín enfrenta una crisis social que va más allá de la estética urbana o la seguridad pública y se deben explorar opciones para rescatar del abandono a quienes hoy son explotados y marginados. En su opinión, esta es una deuda pendiente con los más vulnerables.
Los datos presentados por la secretaria de Inclusión Social y Familia, en cabeza de Sandra Milena Sánchez, revelaron la magnitud del problema. En lo que va del año, se han registrado 9.406 activaciones de emergencia social, de las cuales el 48,9% corresponde a población extranjera en crisis y un 12,1% involucra a niños y adolescentes en riesgo de vulneración.
El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía informó que en lo corrido del año se han realizado 13 intervenciones en Provenza, Parque Lleras, Parque de El Poblado y Manila, además de operativos semanales en el centro de la ciudad, donde se han desmontado cambuches, se han realizado controles de seguridad y se han recogido toneladas de basura. No obstante, se reconoció que estas acciones son apenas respuestas reactivas, sin estrategias de largo plazo para erradicar el problema.
A su vez, Carolina Lopera Tobón, de la Secretaría de las Mujeres, subrayó la vulnerabilidad de niñas y mujeres en estas zonas y anunció medidas para hacer de espacios como el Parque Lleras y el centro de la ciudad lugares más seguros, sin embargo, persisten dudas sobre si estas acciones serán suficientes para combatir un problema tan arraigado, puntualizó.
