- Entre 2010 y 2018, Medellín impuso 1.848.000 fotomultas, convirtiéndose en la ciudad que más comparendos registra en el país.
- El modelo recaudó más de $1 billón de pesos, de los cuales aproximadamente $700 mil millones quedaron en manos del privado.
Se revisó el modelo de fotodetección que opera en la ciudad desde 2006. El concejal Alejandro De Bedout, citante del debate, señaló que pese a la invitación formal a la empresa Tigo-UNE, operadora del sistema durante 20 años, esta no asistió a rendir cuentas al cierre de la concesión.
De acuerdo con el Corporado, el modelo creado en 2006 evolucionó hacia un esquema financiero que priorizó la rentabilidad del privado por encima de la seguridad vial. El contrato, inicialmente firmado con Emtelco S.A. y luego asumido por Tigo-UNE, tuvo 13 modificaciones a lo largo de su vigencia, permitiendo que el operador llegara a quedarse con hasta el 71,7% de los ingresos por fotomultas. En algunos periodos, el Distrito no recibió ningún porcentaje, agregó.
Entre 2010 y 2018, Medellín impuso 1.848.000 fotomultas, convirtiéndose en la ciudad que más comparendos registra en el país. Actualmente existen 133 cámaras, pero solo 51 están en funcionamiento: 44 puntos fijos y 11 dispositivos móviles conocidos por la ciudadanía como “cámaras trampa”, explicó en su intervención.
Concluyó que el modelo recaudó más de $1 billón de pesos, de los cuales aproximadamente $700 mil millones quedaron en manos del privado, situación que cambiará ya que estos dineros, de ahora en adelante, se destinarán a infraestructura vial, transporte público, cultura y modernización semafórica, priorizando la seguridad vial.
Por su parte, el cabildante Farley Macías, segunda bancada, insistió en que Medellín debe cerrar definitivamente la puerta a modelos que permitan la participación privada en el recaudo o en fases sancionatorias. Propuso fortalecer la normativa local, exigir notificación electrónica, criterios técnicos verificables y garantizar que la autoridad sea la única responsable de imponer sanciones.
En materia fiscal, indicó que todos los recursos provenientes de fotodetección deberán destinarse exclusivamente a seguridad vial, señalización, red semafórica y educación en movilidad, junto con un plan de choque para saneamiento de cartera y fortalecimiento del cobro coactivo.
A su turno, el concejal José Luis Marín, tercera bancada citante, advirtió que Medellín sigue ubicándose entre las ciudades con más incidentes de tránsito en Colombia y que 2024 registró el mayor número de muertes viales en la última década. Aunque las cifras oficiales muestran una reducción sostenida de accidentes desde 2017, la mortalidad no disminuye al mismo ritmo y, en algunos años, incluso aumenta, manifestó.
Marín también cuestionó la efectividad del sistema de fotodetección al evidenciar que solo una cámara coincide con zonas de alta siniestralidad. El 63% está ubicado en puntos de mayor infracción y solo el 31% en áreas críticas de accidentes, lo que indica que no están cumpliendo su función de prevención. Ante la terminación del contrato con Tigo-UNE, el Concejal planteó dudas sobre la capacidad de la Administración para asumir toda la operación desde el 1 de enero y resolver problemas persistentes como las notificaciones indebidas.
El secretario de Movilidad, Pablo Ferney Ruiz presentó el balance del sistema de fotodetección tras 20 años de concesión. Informó que la operación generó $1,1 billones de pesos, de los cuales $621 mil millones ingresaron al Distrito. En el último año, la concesión obtuvo $125.617 millones, frente a $44.369 millones para el Distrito.
Para concluir, Mateo González, director de la ESU, aseguró que el sistema tendrá modificaciones, entre ellas, no se presentarán fotodetecciones por cruzar en amarillo o bloquear intersecciones. Al cierre de la concesión, el Distrito recibirá más de 1.300 activos valorados en $31 mil millones de pesos, enfatizó.
