- La revisión de mediano plazo del POT abre el debate sobre vivienda, legalización de predios, sostenibilidad y financiación de ciudad.
- Administración presentó avances y herramientas para enfrentar los retos.
Durante la presentación del informe de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT), en el marco del Acuerdo 11 de 2014, se analizaron los principales retos que enfrenta la ciudad en materia de ordenamiento territorial, vivienda, gestión del suelo, legalización de predios y sostenibilidad urbana.
La discusión se centró en la necesidad de que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) responda a las nuevas realidades de Medellín, especialmente frente al crecimiento poblacional, la ocupación irregular del territorio, la gentrificación y el alto costo de la vivienda.
Corporados insistieron en que la revisión de mediano plazo del POT no puede quedarse en un ejercicio técnico, sino convertirse en una herramienta práctica que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizar acceso a vivienda digna y fortalecer la planeación urbana con una visión de largo plazo.
Uno de los principales llamados estuvo enfocado en la actualización de la cartografía y de los estudios de riesgo en distintos sectores de la ciudad, pues advirtieron que existen barrios donde durante años se han realizado procesos de mejoramiento de vivienda, legalización y presencia institucional, pero que aún siguen apareciendo bajo restricciones técnicas que no corresponden a la realidad actual del territorio, afectando directamente a las familias que buscan formalizar sus predios.
También, señalaron que muchas comunidades no logran comprender los procedimientos para legalizar viviendas y predios, especialmente en zonas de borde o en sectores con antecedentes de riesgo. La falta de actualización de estudios genera incertidumbre y limita la posibilidad de acceder a programas de mejoramiento integral del hábitat, lo que termina profundizando desigualdades entre los sectores periféricos y las zonas centrales de Medellín, manifestaron.
Otro de los temas que generó preocupación de los Cabildantes fue la necesidad de abordar con mayor seriedad la definición de zonas de tolerancia y la regulación de actividades que afectan la convivencia en sectores residenciales y turísticos de la ciudad.
También resaltaron que el POT debe estar acompañado de fuentes reales de financiación y advirtieron que muchas veces la planeación funciona correctamente en el papel, pero fracasa en la práctica por falta de recursos para ejecutar procesos de renovación urbana, recuperación del espacio público y acceso a vivienda. La preocupación principal sigue siendo el costo de vida y el valor del suelo, especialmente en una ciudad donde el acceso a vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos sociales.
Bajo la misma línea, señalaron que la modificación de mediano plazo prácticamente se convierte en una revisión estructural de largo plazo, pues temas como arrendamientos, expansión urbana, convivencia y control de construcción informal requieren decisiones inmediatas. Se pidió que esta revisión no afecte la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y que los costos del desarrollo no recaigan exclusivamente sobre los contribuyentes.
Insistieron en que Medellín necesita instrumentos más fuertes para frenar el crecimiento desordenado en las laderas, corregimientos y zonas de frontera urbana, donde la construcción informal sigue avanzando sin control suficiente. La preocupación se centra en evitar consecuencias negativas futuras asociadas al riesgo, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de equilibrio territorial.
A su turno, Martha Isabel Tamayo Vélez, subdirectora administrativa de Planeación (e) explicó que la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial cumple una función consultiva y asesora clave para armonizar las decisiones supramunicipales con el Plan de Ordenamiento Territorial, permitiendo una visión sistémica que articule ambiente, infraestructura, movilidad, vivienda y desarrollo económico.
También reconoció que la ciudad enfrenta nuevas dinámicas que obligan a replantear su modelo de ordenamiento en temas como el cambio climático, la escasez de suelo urbanizable, la llegada constante de población, así como fenómenos como la turistificación y la gentrificación, que impactan directamente el valor del suelo y los arrendamientos.
Puntualizó que en este contexto la Administración presentó herramientas como el Derecho Real de Superficie y el programa Barrios de Paz, instrumentos que buscan optimizar el uso del suelo público, fortalecer la financiación urbana y avanzar en procesos de legalización, titulación y mejoramiento de vivienda en asentamientos informales.
