- La plenaria permitió visibilizar tensiones, denuncias, avances y propuestas en torno a las economías populares que habitan la calle como sustento de vida.
- Se hizo un llamado colectivo a construir un modelo de ciudad que reconozca las economías populares como actores legítimos del espacio público y no como una amenaza para el orden.
Ciudadanos y organizaciones sociales coincidieron en la necesidad de revisar, fortalecer y garantizar el cumplimiento efectivo de la Política Pública para Venteros Informales. Si bien algunas voces reconocieron avances frente a décadas pasadas, otras denunciaron maltratos por parte de gestores del Espacio Público, la destrucción de carretas, y la falta de garantías para trabajar con dignidad.
Expertas con amplia trayectoria en procesos comunitarios intervinieron en nombre de organizaciones sociales. Por una parte, Mónica Granada, del Sindicato Familia de la Calle, sostuvo que el enfoque institucional no puede seguir centrado exclusivamente en el control. Aunque valoró los avances en diálogo con el subsecretario de Espacio Público, advirtió sobre la necesidad de construir políticas públicas duraderas y transformadoras, que trasciendan gobiernos y respondan realmente a las necesidades del territorio.
Mientras que, Viviana Salazar, presidenta del Sindicato de Economía Popular Familia de la Calle, visibilizó el espacio público como escenario de resistencia y supervivencia, y pidió implementar políticas con enfoque de derechos y sostenibilidad a largo plazo.
Desde el sector empresarial, María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, expresó su preocupación por el deterioro del orden en zonas clave como El Poblado y el Centro. Criticó el enfoque asistencialista de la política pública hacia comerciantes informales y pidió reforzar la inversión en capacidad operativa institucional.
En su intervención, el concejal citante del debate, José Luis Marín, alertó una sobre ejecución del 138% en los operativos de “recuperación” del espacio público, lo que, según él, ha derivado en el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos con recicladores y venteros.
Solicitó la creación de una línea directa para la recepción de denuncias ciudadanas y reiteró que ya se han entregado pruebas formales de malos tratos que deben ser atendidas.
Se llega a acuerdos con Espacio Público, pero en la siguiente reunión nos damos cuenta que se incumplen. Esta situación se ha vuelto una constante, se establecen compromisos que, posteriormente, no se respetan, lo cual debilita el diálogo y la confianza entre las partes. Además, lo que estamos evidenciando en diferentes territorios son denuncias reiteradas por vulneraciones a los derechos de los recicladores y a los protocolos de acción establecidos, manifestó Marín.
A su vez, el cabildante Juan Ramón Jiménez, presentó testimonios de recicladores que han sido violentados, y pidió que los gestores de Espacio Público estén debidamente identificados para evitar abusos. Subrayó la importancia de una gestión más humana, articulada especialmente con entidades como Protección Animal.
No se pueden seguir vulnerando los derechos de los recicladores, quienes no solo recuperan materiales que otros consideran basura, sino que en ese proceso también encuentran dignidad, redes de apoyo y, muchas veces, a sus mejores amigos. En Medellín, más de 5.520 personas viven del reciclaje, ellos siguen enfrentando las mismas problemáticas sin avances significativos, ni soluciones reales, puntualizó.
Finalmente, el corporado Farley Macías estructuró su intervención en torno a seis propuestas: fortalecer la articulación interinstitucional; caracterizar de forma rigurosa a las poblaciones informales; aplicar enfoques diferenciales en las intervenciones; garantizar transparencia en el aprovechamiento económico del espacio público; establecer una moratoria de desalojos sin alternativas dignas; y priorizar la formación en derechos humanos y empatía para todos los funcionarios operativos.
El espacio público es el lugar del contrato social, si fallamos allí, fallamos en lo esencial. El trato que demos a las poblaciones más frágiles en calles y parques será la medida de nuestra humanidad como sociedad. La libertad de poder caminar la ciudad sin miedo a ser excluido; la libertad de trabajar honestamente sin ser perseguido; la libertad de disfrutar de un parque sin barreras económicas, concluyó.
Otros Concejales reconocieron el dilema institucional que existe entre garantizar el orden y reconocer la realidad de miles de personas que dependen del espacio público para vivir. Valoraron los esfuerzos de la Administración y destacaron el cooperativismo como modelo de generación de riqueza colectiva.
El subsecretario de Espacio Público, Juan David Ruiz, explicó que las mesas de diálogo con recicladores han sido claves para avanzar en soluciones concertadas y reconoció que han recibido quejas, pero aclaró que no hay pruebas concluyentes que evidencien conductas sistemáticas de maltrato por parte de los funcionarios. Invitó a que las denuncias sean formalizadas ante los entes de control competentes, con el fin de activar los procesos correspondientes.
Desde mi despacho se lidera una estrategia integral de regulación del espacio público, que prioriza el diálogo, el respeto por los derechos humanos y la articulación interinstitucional. Además, se creó la Escuela de Seguridad y Convivencia, actualmente en fase de diseño, la cual busca empoderar a recicladores y venteros mediante formación en derechos y deberes ciudadanos, explicó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, presentó las líneas de trabajo centradas en el acompañamiento y fortalecimiento de los recicladores de oficio. Entre las acciones destacadas están la certificación de competencias laborales, la entrega de dotaciones, las jornadas de esterilización para animales de compañía y el apoyo técnico mediante comodatos.
Finalmente, el gerente de Empresas Varias de Medellín, Gustavo Castaño, expuso los aportes técnicos y operativos que adelanta la entidad en el proceso de formalización y aprovechamiento de residuos. EMVARIAS tiene a su cargo la actualización del censo, la carnetización de recicladores y el fortalecimiento de capacidades mediante alianzas estratégicas.
El debate concluyó con una reflexión compartida: el espacio público no puede seguir siendo gestionado desde la improvisación ni desde la represión. Debe ser un escenario de derechos, inclusión y equidad. Los Concejales citantes pidieron cumplir fallos judiciales, garantizar el derecho al trabajo y consolidar políticas públicas coherentes, integrales y sostenibles.
