- Incongruencias entre informes, falta de sanciones y expansión del loteo ilegal revelan un riesgo creciente para zonas rurales.
- Bancadas y comunidad describen territorios sin control efectivo, mientras crecen asentamientos, disputas y obras sin licencia.
El crecimiento de construcciones ilegales y la desarticulación entre corregidurías y entidades de control están dejando a los Corregimientos del Distrito en una situación compleja. Lo que antes eran focos de expansión rural ordenada hoy se está convirtiendo en territorios donde avanzan obras sin licencia, asentamientos en zonas de riesgo y disputas por servidumbres que rompen la convivencia cotidiana.
El experto de la veeduría Medellín Avanza, Daniel Salazar, presentó cifras que generaron preocupación. Un informe radicado ante la JAL reportó 263 obras suspendidas desde 2024 en la corregiduría de San Antonio de Prado, pero las respuestas posteriores indicaron solo 154 en total para 2023, 2024 y 2025, una diferencia de 109 casos que aún carece de explicación.
Mientras que habitantes de los corregimientos presentes en plenaria, expresaron que en los territorios el desorden avanza más rápido que la presencia institucional, peleas por caminos, servidumbres cerradas sin autorización, veredas que crecen sin ningún control y una sensación generalizada de que no hay autoridad suficiente para intervenir deteriorando la convivencia y la seguridad.
Por su parte, el concejal Andrés Felipe Tobón, bancada citante, señaló que las infracciones urbanísticas no son un asunto aislado y mucho menos técnico porque afectan la vida diaria de miles de habitantes y deterioran la capacidad del territorio para garantizar servicios públicos, movilidad y seguridad. Recordó que la figura del corregidor suele ser malinterpretada como la de un pequeño alcalde, pero su rol real es otro: gestor de paz y convivencia con un alcance administrativo limitado.
De igual manera, mostró preocupación por las inconsistencias entre lo que reporta la Secretaría de Gestión y Control Territorial y lo que registran las corregidurías, pues explicó que, mientras la Secretaría afirma haber enviado 2.902 informes técnicos en los últimos tres años, las corregidurías solo reconocen 1.405, lo que deja en el aire casi la mitad de los casos, señalando que esta diferencia no es un simple desajuste estadístico, sino un indicio de fallas graves en el control interno y en la trazabilidad de los procesos.
En su intervención, la cabildante Janeth Hurtado Betancur, segunda bancada, llamó la atención sobre la magnitud del fenómeno y la necesidad de que los corregidores ejerzan plenamente su autoridad administrativa y de Policía.
Explicó que las construcciones sin licencia exigen mucho más que inspecciones y requieren decisiones oportunas, medidas correctivas y resultados verificables. Además, mencionó que el aumento de obras irregulares en distintos territorios obliga a revisar no solo los informes técnicos, sino también la coherencia entre lo que se reporta, lo que se ejecuta y lo que realmente se corrige.
El corporado Carlos Gutiérrez, tercera bancada, advirtió que la estructura administrativa actual puede no estar respondiendo a las necesidades del distrito y explicó que las funciones de gerente de corregimientos y corregidores se cruzan en la práctica, lo que genera vacíos operativos.
Si bien los corregidores acompañan a la comunidad, su función principal es aplicar el Código Nacional de Convivencia y hoy eso no se está logran de forma adecuada, puntualizó.
Otros Concejales manifestaron preocupación por la falta de herramientas para mejorar el control urbanístico y pidieron fortalecer el componente Construye Bien, ya que es el único equipo técnico permanente que hace presencia directa en los territorios.
Señalaron que la corregiduría de San Cristóbal es una de las más rezagadas en respuestas y controles, lo que ha permitido que las construcciones ilegales crezcan sin freno, además, cuestionaron que el presupuesto para demoliciones sea insuficiente y muchas actuaciones no se ejecuten por falta de capacidad operativa.
El secretario de gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, explicó que entre 2023 y 2025 se remitieron 2.856 informes técnicos a los corregimientos, cifra superior al número de PQRS recibidas debido a intervenciones interinstitucionales, solicitudes internas y acciones del Comité Operativo de Ciudad.
Reiteró que su dependencia no tiene competencia para hacer seguimiento a los procesos, pues estos corresponden a las corregidurías y la vigilancia de medidas correctivas recae en la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
Evidenció esfuerzos operativos significativos, como recorridos, remociones y acciones pedagógicas. Sin embargo, también confirmó que el modelo institucional actual no está preparado para enfrentar la escala del fenómeno. La autonomía aislada de las corregidurías y la ausencia de un sistema unificado de seguimiento hacen que muchas actuaciones técnicas no se traduzcan en sanciones ni en contención efectiva del crecimiento informal, afirmó.
Corregidores presentes señalaron que los procesos tardan porque requieren varios informes antes de tomar decisiones y que la falta de personal operativo en territorio aumenta los tiempos y las dificultades.
Reconocieron que gran parte de las obras irregulares surgen por desconocimiento de los suelos, ausencia de licencias y presión social por vivienda por lo que afirmaron que se están revisando cargas laborales y ajustes internos para mejorar la respuesta institucional en los corregimientos.
