- Iniciaron las jornadas de socialización del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026.
- La propuesta busca actualizar el POT con estudios técnicos y avanzar hacia nuevos estudios de detalle.
- La zona rural presenta los mayores cambios en la clasificación de amenaza.
La revisión de las condiciones de amenaza y riesgo de Medellín fue el eje de la primera socialización del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, iniciativa que realiza la revisión y ajuste de mediano plazo y la modificación excepcional de normas urbanísticas relacionadas con estas condiciones dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.
Durante la sesión se explicó cómo los nuevos Estudios Básicos de Amenaza permitirán actualizar la zonificación de la ciudad frente a fenómenos como movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, así como establecer una ruta para profundizar posteriormente en estudios de detalle y acciones de mitigación.
El concejal Andrés Felipe Tobón Villada, coordinador de ponentes de la iniciativa, destacó los estudios presentados por la Universidad EAFIT como un trabajo técnico y riguroso realizado por la institución, y resaltó la importancia de que la ciudadanía comprenda que una clasificación de amenaza no significa, por sí misma, que las personas deban abandonar sus viviendas.
Señaló que, aunque el mapa general de riesgo mantiene similitudes con el de hace 12 años, al revisar con mayor detalle se encuentran sectores que pasaron de niveles bajos o medios a altos, lo que evidencia un crecimiento del espectro de suelos con amenaza.
El Corporado manifestó que una declaratoria de amenaza tampoco elimina la posibilidad de adelantar procesos de mitigación del riesgo o mejoramiento integral de barrios. Sin embargo, advirtió que en los sectores donde se identifique alto riesgo y existan asentamientos informales se deben priorizar los estudios de detalle, especialmente en aquellos puntos donde el nuevo mapa técnico muestra mayores niveles de amenaza, teniendo como principio fundamental la protección de la vida.
Por último, planteó que la ciudad debe establecer una ruta de atención que priorice, en primer lugar, los estudios de detalle; posteriormente, la modelación de alternativas de mitigación y sus respectivos diseños y estudios, y, paralelamente, los estudios y diseños de reasentamiento mediante el mejoramiento integral de barrios.
Otros Concejales ponentes expresaron inquietudes frente al impacto que tendría la nueva zonificación sobre la posibilidad de construir vivienda en la ciudad. Manifestaron su preocupación ya que, cerca del 20 % del territorio no tendría posibilidad de construcción, en un contexto marcado por un importante déficit habitacional. También, plantearon la necesidad de profundizar en las condiciones de mitigación de los diferentes riesgos y evitar que las nuevas disposiciones se conviertan en un obstáculo para quienes requieren construir en sus predios.
De igual manera, indagaron por el incremento de las zonas rurales clasificadas como riesgo no mitigable y la disminución de estas áreas en el suelo urbano, que pasarían a condiciones mitigables. Señalaron que la actualización de las condiciones de riesgo representan una oportunidad para regularizar barrios y viviendas que pasen de riesgo no mitigable a riesgo revisable, una vez se adelanten estudios de mayor profundidad y se determine la viabilidad de llevar servicios públicos a estos sectores.
La directora de Planeación Distrital, Luz Ángela González, explicó que la propuesta hace parte de un proceso construido con los territorios, las poblaciones, los sectores y las instituciones. Aseguró que se recibieron 440 aportes, con un índice de incidencia de participación ciudadana del 66,9 %.
Entre los principales temas planteados por la ciudadanía estuvieron la gestión del riesgo, la prevención y atención de desastres, los movimientos en masa, la estabilidad de laderas, las inundaciones, las avenidas torrenciales y los estudios de riesgo y de detalle.
Indicó que en la sesión se revisó el 2,3 % del articulado, específicamente las disposiciones relacionadas con las categorías de suelo de protección y los artículos 52 al 65, referentes a la zonificación de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en suelo urbano y rural.
Por su parte, Dany Granda, coordinador general de la revisión del POT, explicó que desde la Ley 1523 de 2012 la incorporación de los resultados de estudios básicos de amenaza y riesgo es necesaria para adelantar revisiones de los planes de ordenamiento territorial. En el caso de Medellín, señaló que la zonificación existente tenía como base estudios realizados en 2009 por la Universidad Nacional y el Área Metropolitana, que no correspondían técnicamente a la metodología actualmente establecida por la normativa nacional.
Por ello, la Administración planteó una revisión híbrida: continuar con la revisión de mediano plazo de las normas generales y realizar una modificación excepcional de algunas normas urbanísticas estructurales para incorporar los nuevos estudios básicos, elaborados con apoyo de la Universidad EAFIT.
En su exposición, Alejandra Díaz Rivera, articuladora del POT en términos ambientales, específicamente de amenaza y riesgo, explicó que en el seguimiento y evaluación del POT se encontró que para 2025 solo el 50 % de las zonas con condición de riesgo habían sido estudiadas. También se identificó cartografía desactualizada frente a las transformaciones del territorio y los eventos ocurridos, desarticulación de disposiciones normativas y contenidos insuficientes o desactualizados.
Explicó que los estudios de detalle realizados desde la implementación del POT han permitido identificar nuevas categorías de riesgo que actualmente no están contempladas en el Acuerdo 48 de 2014, entre ellas el alto riesgo mitigable, riesgo medio, riesgo bajo y zonas de riesgo no mitigable asociadas al suelo de protección. Precisó que los estudios básicos tienen una mayor cobertura territorial y una visión general, mientras que los estudios de detalle se concentran en áreas específicas y priorizadas.
Finalmente, afirmó que la propuesta plantea pasar de las categorías de amenaza alta, media, baja y muy baja contempladas en el Acuerdo 48 a las categorías de alta, media y baja, en concordancia con la normativa nacional.
