- La defraudación de fluidos afectaría las finanzas de EPM y la inversión social de Medellín.
- Concejales pidieron fortalecer las acciones contra las conexiones ilegales y las estructuras criminales.
- Autoridades reportaron 30 capturas y 42 inmuebles afectados por extinción de dominio.
La defraudación de fluidos en Medellín y el Valle de Aburrá es una problemática que entre 2020 y 2025 ha generado pérdidas estimadas en $1,2 billones, afectando los recursos de EPM y su capacidad de aportar a la inversión social del Distrito. Las presuntas conexiones fraudulentas, la manipulación de medidores y la participación de estructuras criminales en la comercialización ilegal de servicios públicos, serían las principales causas.
En sesión plenaria, también se revisaron las pérdidas de agua, energía y gas, las dificultades para normalizar las conexiones en asentamientos informales y las acciones adelantadas por EPM y las autoridades, con énfasis en fortalecer los controles, combatir las rentas ilegales y garantizar el acceso legal a los servicios públicos.
El concejal Andrés Felipe Tobón, bancada citante de la invitación, advirtió que la defraudación de fluidos en Medellín representa un impacto económico negativo para EPM y las finanzas del Distrito, además de un problema de seguridad en los barrios. Según las cifras presentadas, a diciembre de 2025 las pérdidas no técnicas de energía ascendieron a $404.000 millones y las de agua a $313.000 millones.
Tobón Villada señaló que estas conexiones fraudulentas no siempre son improvisadas, sino que pueden responder a operaciones estructuradas que afectan los recursos de la empresa y reducen su capacidad de transferir excedentes para inversión social.
El Corporado también alertó sobre la participación de estructuras criminales que, según indicó, se apropian ilegalmente de los servicios públicos y luego los venden a habitantes de asentamientos informales. Por ello, pidió diferenciar las redes fraudulentas de las necesidades de las familias vulnerables que carecen de conexiones legales y terminan pagando por el agua y la energía a estos grupos.
Por su parte, la segunda bancada citante de la invitación, en cabeza del corporado Farley Macías, reconoció los esfuerzos de las familias del nororiente y centro oriente de Medellín durante los racionamientos de agua y cuestionó que, mientras la ciudadanía asumía medidas de ahorro, presuntamente se presentaran prácticas de defraudación de servicios públicos durante años.
El Cabildante señaló además el caso de cerca de 14 hoteles de Laureles, Belén y el centro, a los que se atribuiría la manipulación de medidores de agua, energía y gas durante 12 años. También, pidió examinar las pérdidas de agua que, según indicó, pueden alcanzar el 60 % de la que ingresa a la red; y diferenciar las pérdidas técnicas, los errores de medición, las conexiones irregulares y los delitos demostrados.
Macías enfatizó que la respuesta institucional debe distinguir entre quienes obtienen ganancias ilegales mediante el fraude, las familias vulnerables que enfrentan amenazas para acceder a los servicios y los asentamientos que aún no cuentan con infraestructura legal. Asimismo, cuestionó la reducción de las transferencias de EPM al Distrito, de $2,8 billones a $1,5 billones, y pidió conocer con precisión cuánto se pierde, dónde se concentra el problema, qué recursos se han invertido y cuáles han sido sus resultados.
Otros Concejales plantearon que la defraudación de servicios públicos requiere una respuesta integral que combine sanciones, prevención y transformación social, con acciones que fortalezcan la corresponsabilidad entre la ciudadanía y las instituciones. También destacaron la importancia de generar oportunidades para las poblaciones que enfrentan barreras de acceso a los servicios y de traducir la solidaridad en políticas públicas concretas.
Asimismo, propusieron fortalecer la articulación entre EPM, los gremios del sector y los actores políticos para impulsar iniciativas legislativas y revisar las herramientas regulatorias existentes. Los corporados también señalaron las dificultades para garantizar la prestación de acueducto y alcantarillado en zonas periféricas de Medellín, donde existen acueductos veredales y condiciones que dificultan la intervención institucional, y llamaron a buscar soluciones que permitan ampliar la cobertura sin desconocer la sostenibilidad de los servicios públicos.
A su turno, Humberto iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM, explicó que no todas las pérdidas de agua, energía y gas corresponden a fraudes demostrados y que, con corte a agosto de 2026, las pérdidas totales en el área metropolitana alcanzaban el 8,45 % en energía, el 3,40 % en gas y el 34,53 % en agua. Por ello, insistió en la importancia de interpretar las cifras con rigor y diferenciar las pérdidas operativas de las asociadas a consumos no registrados o conexiones irregulares.
El directivo también informó que EPM tiene identificados 48 sectores de asentamientos informales en Medellín con dificultades para normalizar los servicios públicos, diez de ellos con necesidades de atención prioritaria. Explicó que las restricciones ambientales, jurídicas, urbanísticas y de riesgo dificultan la instalación de conexiones legales en algunas zonas, por lo que se requieren soluciones de formalización y acompañamiento social, además de controles e investigaciones frente a posibles conductas delictivas.
Por su parte Sebastián Acosta, Subsecretario de Operatividad informó que, en articulación con EPM, la Policía y la Fiscalía, se han logrado 30 capturas por defraudación de fluidos hasta septiembre de 2026, además de 127 comparendos por uso indebido de cuerpos de agua y la afectación de 42 inmuebles mediante procesos de extinción de dominio.
Acosta señaló que las pérdidas asociadas a esta problemática se estiman en $1,2 billones entre 2020 y 2025 e insistió en que combatirla requiere trabajo conjunto entre las autoridades, bajo un principio de corresponsabilidad para proteger los recursos públicos y la inversión social de la ciudad.
