- La Secretaría de Inclusión Social y Familia reportó 1.666 vinculaciones de poblaciones priorizadas durante 2024 y 2025.
- Durante el debate se advirtió que el porcentaje de contratos con criterios sociales, ambientales o de innovación pasó del 47,7 % al 37,5 % entre el primer y segundo trimestre de 2026.
- Ruta N informó sobre 15 contratos por aproximadamente $11.290 millones durante el primer semestre de 2026, mientras que el ISVIMED reportó la incorporación de estos criterios en 17 de 18 procesos contractuales.
La generación de oportunidades laborales para poblaciones vulnerables, la sostenibilidad ambiental y la innovación fueron los temas centrales del debate de control político sobre la implementación del Acuerdo Distrital 16 de 2020. Durante la sesión se analizaron los avances de esta normativa y las dificultades para que la contratación pública se traduzca en beneficios concretos para los habitantes de Medellín.
La concejala Leticia Orrego, primera bancada citante, destacó la importancia de garantizar que los procesos contractuales no se limiten a la adquisición de bienes y servicios, sino que también generen oportunidades para madres cabeza de familia, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables.
Asimismo, resaltó la necesidad de fortalecer la Escuela de Proveedores y verificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad, innovación y responsabilidad social en las diferentes dependencias distritales.
Por su parte, la corporada Paulina Suárez, segunda bancada citante, llamó la atención sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al mercado laboral. Solicitó fortalecer el acompañamiento institucional a los proveedores en los procesos de certificación de discapacidad, mediante la articulación con la Secretaría de Salud, y revisar los procedimientos que podrían dificultar su vinculación.
También planteó ampliar las oportunidades laborales para las personas mayores y unificar los criterios institucionales para su inclusión en las estrategias de contratación.
Otros Corporados advirtieron sobre la aplicación desigual del acuerdo, los resultados limitados en innovación y la falta de indicadores para medir su impacto social. También señaleron que el porcentaje de contratos que incorporaron al menos uno de los criterios establecidos pasó del 47,7 % en el primer trimestre de 2026 al 37,5 % en el segundo, lo que plantea la necesidad de fortalecer el seguimiento a su implementación.
Asimismo, reconocieron el incremento de contratos con estos criterios, de 322 en 2024 a 494 en 2025, pero cuestionaron que su incorporación no siempre esté acompañada de una verificación efectiva. En este sentido, hicieron referencia a una auditoría de 2026 que identificó dificultades en el seguimiento contractual e insistieron en que, más allá de las cifras, es necesario demostrar cómo la inversión pública genera oportunidades reales para las poblaciones vulnerables.
La secretaria de Suministros y Servicios, Beatriz Gómez Arango, presentó los avances en la incorporación de criterios sociales, ambientales y de innovación en los procesos contractuales. Destacó el fortalecimiento de la Escuela de Proveedores, que contó con 186 asistentes en 2024 y 399 en 2025, así como las estrategias de capacitación y articulación institucional para ampliar la aplicación del acuerdo.
En materia de inclusión laboral, Diana María Carmona Henao, la secretaria de Inclusión Social y Familia, informó que durante 2024 y 2025 se registraron 1.666 vinculaciones de poblaciones priorizadas, entre ellas personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, jóvenes, personas mayores y madres cabeza de familia.
Por su parte, Silvia Orozco, delegada de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, presentó un balance de 117 personas vinculadas entre 2024 y 2026. Asimismo, la Gerencia Étnica reportó 150 personas vinculadas y la Gerencia de Diversidad, 130, entre 2020 y 2026.
Sofía Jaramillo, en representación de la Secretaría de la Juventud, destacó la incorporación de criterios sociales y ambientales en 24 contratos entre 2023 y 2026, así como la proyección de vincular a 55 jóvenes mediante las condiciones laborales establecidas para esta vigencia.
La líder del Centro de Pensamiento de Ruta N, Yessica Gutiérrez, presentó los resultados de la entidad, que reportó 15 contratos con criterios de innovación, sostenibilidad o responsabilidad social durante el primer semestre de 2026, por un valor aproximado de $11.290 millones. A su vez, el ISVIMED informó que, con corte a septiembre de 2026, 17 de 18 procesos contractuales con personas jurídicas incluyeron estos criterios, equivalentes al 94,12 % de los procesos analizados.
Finalmente, Jhon Fredy Toro, secretario de Evaluación y Control, presentó los avances graduales en la implementación del acuerdo y las dificultades identificadas en la articulación entre las entidades, la planeación contractual y la medición de resultados, aspectos que requieren mayor seguimiento para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.
Como conclusión del debate, se evidenció la necesidad de fortalecer la coordinación entre las dependencias distritales, consolidar indicadores que permitan medir el impacto de la contratación pública y superar las barreras que limitan la vinculación laboral de poblaciones vulnerables.
