- Medellín cuenta con aproximadamente 1.020.000 unidades habitacionales.
- El proyecto contempla una indemnización del 10 % como mecanismo de concertación con los propietarios.
El propósito del Proyecto de Acuerdo 103 de 2026 es contribuir a que más familias obtengan las escrituras de sus viviendas, consoliden un patrimonio y accedan a créditos formales, beneficiando también a los propietarios originales de los terrenos y a la Administración Distrital.
El experto inmobiliario Jorge Castaño destacó que el proyecto representa una oportunidad para impulsar la economía mediante la formalización de la propiedad. Explicó que cada familia beneficiada podría obtener un patrimonio mínimo estimado de $70 millones, lo que representaría cerca de $5 billones en nuevo patrimonio para Medellín. Además, la formalización permitiría acceder a créditos hipotecarios de entre $10 millones y $20 millones para mejorar sus viviendas, financiar estudios y reducir la dependencia de préstamos informales como el paga diario. Según sus análisis, esta dinámica podría aportar un crecimiento de hasta 1,5 % al PIB de Medellín.
Durante la sesión, ciudadanos presentes en el recinto solicitaron a los Concejales respaldar la iniciativa para avanzar en la formalización de viviendas en Medellín. Entre sus inquietudes, señalaron que algunas viviendas demolidas continúan generando cobros por servicios públicos, por lo que pidieron revisar y suspender estos cobros, así como detener las demoliciones de inmuebles que representan el patrimonio de numerosas familias.
Por su parte, propietarios de lotes actualmente invadidos manifestaron su preocupación por tener que continuar pagando el impuesto predial sobre terrenos que no pueden habitar ni administrar. Asimismo, pidieron revisar el porcentaje de indemnización propuesto, al considerar que el 10 % resulta insuficiente frente a las afectaciones que enfrentan.
El concejal Andrés Rodríguez, coordinador de ponentes, explicó que la iniciativa busca establecer lineamientos, instrumentos de financiación y autorizaciones tributarias para avanzar en la legalización de asentamientos humanos irregulares, la formalización de la propiedad y el saneamiento predial en Medellín, en el marco de las leyes 2044 de 2020 y 1561 de 2012.
Según las cifras de Planeación presentadas por Rodríguez, Medellín cuenta con aproximadamente 1.020.000 unidades habitacionales, de las cuales 205.000 no están formalizadas. La meta de la iniciativa es avanzar en la legalización de una cuarta parte de ellas, cerca de 50.000 viviendas.
Indicó que las ocupaciones informales generan dificultades para las familias que no cuentan con títulos de propiedad, los propietarios originales que conservan la titularidad de los terrenos, pero no pueden disponer de ellos pese a continuar recibiendo cobros del impuesto predial, y el Distrito, que enfrenta retos en materia de gestión territorial, recaudo, saneamiento predial y planeación. La propuesta busca atender estas situaciones mediante mecanismos articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Corporados ponentes del Proyecto de Acuerdo 103 de 2026 propusieron ajustes jurídicos, administrativos y financieros para facilitar la legalización de asentamientos y la formalización de la propiedad en Medellín. Señalaron la importancia de diferenciar los procesos de legalización de barrios, titulación de predios y reconocimiento de construcciones, revisar los tiempos de posesión establecidos en la Ley 2044 de 2020 y garantizar rutas claras para las familias. También revisar estudios de costos, fuentes de financiación y conceptos jurídicos que permitan asegurar la viabilidad de la iniciativa.
Los Cabildantes destacaron el impacto social del proyecto y explicaron que contempla una indemnización del 10 % como mecanismo de concertación con los propietarios, sin que represente un nuevo impuesto para las familias ocupantes. Además, plantearon reducir los costos de formalización y mejoramiento de vivienda, y buscar alternativas para resolver obligaciones pendientes y avanzar en el saneamiento jurídico de los inmuebles.
A su turno, Óscar Cardona, director de ISVIMED manifestó que La Administración avanza en la revisión integral del proyecto, con el acompañamiento de las dependencias competentes, para evaluar sus componentes políticos, técnicos, presupuestales y fiscales. El análisis busca garantizar su articulación con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y consolidar una propuesta institucional responsable.
