- Concejales y Administración plantearon la necesidad de proteger la ruralidad, garantizar la permanencia campesina y promover usos sostenibles del territorio.
- El suelo rural representa cerca del 70 % del territorio de Medellín y concentra buena parte de la estructura ecológica del Distrito, un desafío central para la revisión del POT.
La protección ambiental, la permanencia campesina y el desarrollo sostenible fueron algunos de los principales asuntos abordados durante la discusión de los tratamientos rurales y los usos generales del suelo rural, contemplados entre los artículos 446 y 463 de la revisión de mediano plazo del POT.
Durante el debate, Concejales y representantes de la Administración Distrital coincidieron en la necesidad de fortalecer la regulación del territorio rural, garantizar la seguridad alimentaria y establecer condiciones que permitan proteger los ecosistemas y, al mismo tiempo, promover actividades económicas sostenibles para sus habitantes.
El coordinador de ponentes, concejal Andrés Felipe Tobón, destacó que la revisión del POT no pretende urbanizar las zonas rurales de la ciudad, sino establecer regulaciones que permitan atender situaciones existentes en territorios con diferentes problemáticas.
Señaló que las modificaciones propuestas en algunos polígonos deben estar acompañadas de un control territorial riguroso y de acciones que permitan corregir situaciones históricas que han llevado a algunos ciudadanos a desarrollar actividades por fuera de la norma.
Por su parte, otros Concejales señalaron que los habitantes de San Antonio de Prado, Palmitas, San Cristóbal, Santa Elena y Altavista deben encontrar en la norma claridad sobre qué actividades pueden desarrollar, qué elementos deben conservar y con qué instituciones cuentan para la protección y gestión de sus territorios.
En ese sentido, plantearon que la revisión del POT debe incorporar como criterios transversales la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la permanencia campesina, y que estos principios se traduzcan en determinantes claros que permitan proteger tanto los ecosistemas como a las comunidades rurales.
Durante la discusión se destacó que la ruralidad representa cerca del 70 % del territorio distrital y aproximadamente el 95 % de esta superficie hace parte de la estructura ecológica. Por ello, consideraron necesario avanzar en la solución de los conflictos relacionados con los usos del suelo y con la vocación de los territorios, así como identificar alertas frente a usos inadecuados y fortalecer la conservación del suelo forestal.
Señalaron además que uno de los principales retos de la revisión consiste en lograr coherencia entre lo establecido en la norma y las realidades que se presentan en el territorio, de manera que las disposiciones del POT puedan traducirse en acciones efectivas de protección, ordenamiento y desarrollo rural.
En su intervención, la directora de Planeación Distrital, Luz Ángela Gómez, explicó que, aunque se trata de una revisión de mediano plazo, las propuestas están articuladas con las disposiciones de largo plazo establecidas para el territorio.
Mientras que, Sandra Zapata, del equipo POT, explicó que se contemplan áreas de uso forestal, agrícola y agropecuario, minería en transición y zonas de mixtura rural alta, media y baja. Precisó que para estas áreas se definieron tratamientos y un régimen de usos que establece los aprovechamientos, obligaciones y normas volumétricas aplicables, con el propósito de orientar de manera diferenciada las actividades que pueden desarrollarse en cada territorio.
A su vez, la ingeniera forestal del equipo POT, María Guadalupe Londoño, explicó que la revisión establece zonas y tratamientos orientados a la conservación, la generación de actividades rurales sostenibles, las actividades rurales, la transición ambiental y paisajística, la consolidación suburbana 1, 2 y 3, y la protección de infraestructura y equipamientos.
Agregó que estas disposiciones permitirán determinar cuáles actividades se promueven, cuáles se permiten y cuáles se prohíben en cada territorio. Agregó que uno de los propósitos es frenar la construcción de vivienda dispersa y precaria, fenómeno que ha contribuido al desplazamiento del campesinado, y precisó que aproximadamente el 33 % del suelo rural presenta conflictos de uso.
Finalmente, Luz Estella Carmona, integrante del equipo POT, resaltó que, aunque la mayoría de los habitantes de Medellín se concentra en la zona urbana, la mayor extensión del territorio es rural y en ella se encuentran buena parte de los servicios ambientales indispensables para la vida. Por ello, consideró necesario propender por un equilibrio territorial que reconozca la multiplicidad de funciones ecosistémicas de estas áreas.
