- El debate se centró en las densidades, la vivienda y el futuro del campo.
- Concejales cuestionaron que las condiciones rurales de Medellín sean reguladas bajo criterios homogéneos frente a otros municipios de Antioquia.
- La Administración presentó la propuesta de Norma Rural, con nuevas reglas sobre densidades de vivienda, áreas mínimas de lote y los índices de ocupación.
La discusión sobre la normativa rural y los aprovechamientos urbanísticos puso sobre la mesa las tensiones entre las condiciones reales de quienes habitan los corregimientos de Medellín y las restricciones que deben garantizar la protección ambiental y el ordenamiento del territorio.
En la jornada de revisión del POT fueron analizadas las reglas que determinarían dónde, cuánto y bajo qué condiciones se podrá construir en el suelo rural, así como las obligaciones asociadas a nuevos desarrollos, la capacidad de soporte de los servicios públicos y los mecanismos para contener el crecimiento irregular.
Durante la sesión, la comunidad expuso sus inquietudes frente a las posibilidades de construir y mejorar viviendas en el territorio rural y a la necesidad de que la nueva normativa responda a las dinámicas propias de los corregimientos. Jhon Edison Correa del corregimiento de San Cristóbal pidió tomar en cuenta las necesidades del campesino, ya que las decisiones se están tomando sin tener en cuenta al campesinado, porque se legisla bajo tecnicismos y no sobre realidades rurales.
En su exposición, el coordinador de ponentes, concejal Andrés Felipe Tobón, señaló que uno de los principales objetivos de la discusión es determinar con claridad los límites que tiene la normatividad frente a una realidad territorial que, según explicó, supera cualquier regulación homogénea.
Planteó que Medellín debe hacer entender a Corantioquia que su suelo rural presenta características diferentes a las de los demás municipios de Antioquia que hacen parte de su jurisdicción, y solicitó que estas particularidades sean tenidas en cuenta para garantizar que las normas respondan a la forma en que Medellín y sus corregimientos habitan y transforman el territorio.
Insistió en que se requiere una visión que permita comprender que la ruralidad de la capital antioqueña no puede ser equiparada con la de municipios como Sonsón, debido a sus condiciones territoriales, urbanas y poblacionales. En ese sentido, consideró necesario establecer si las posiciones que hoy se mantienen frente a la regulación responden exclusivamente a criterios técnicos o si existen otras consideraciones que deban ser discutidas dentro del proceso de concertación.
Otros Cabildantes manifestaron que la discusión permite poner en evidencia las particularidades de la ruralidad de Medellín y recordaron que más del 70 % del territorio del Distrito corresponde a suelo rural. Señalaron que uno de los principales retos es salvaguardar las fuentes hídricas y, al mismo tiempo, mejorar la vocación productiva de un campo que enfrenta un proceso de envejecimiento y que actualmente no cuenta con los niveles de producción necesarios para abastecer por sí solo a la ciudad.
Cuestionaron que las restricciones planteadas desde la autoridad ambiental puedan estar desconectadas de las necesidades concretas de la ruralidad y señalaron que algunas de las zonas con mayor expansión irregular se encuentran precisamente en el suelo rural y las condiciones actuales no estarían resolviendo adecuadamente las problemáticas que se presentan en estos sectores.
También advirtieron que las reglas deben contemplar situaciones familiares frecuentes en los corregimientos, como la posibilidad de que una familia pueda disponer de espacio para una nueva vivienda para sus hijos o realizar adecuaciones y mejoras en una propiedad existente. Señalaron que estas necesidades deben ser diferenciadas de procesos de urbanización o loteo que puedan afectar el ordenamiento territorial y ambiental.
Por su parte, Luz Ángela González Gómez, directora de Planeación Distrital, explicó que uno de los propósitos de la propuesta es regular la baja ocupación que caracteriza al suelo rural, en concordancia con el modelo de ocupación, los tratamientos y las áreas de actividad, de manera que se proteja y favorezca la sostenibilidad ambiental y productiva del territorio. Precisó que la norma general rural incluida en el proyecto comprende 41 artículos relacionados con las actividades rurales, forestales y agrícolas, así como con los aprovechamientos urbanísticos, las obligaciones urbanísticas rurales y las normas volumétricas.
Mientras que Sandra Zapata, del equipo POT, explicó que estas disposiciones establecen las condiciones para desarrollar actividades en el suelo rural, determinan cuándo pueden generarse aprovechamientos y precisan las obligaciones asociadas a la construcción de equipamientos y espacios públicos.
Señaló que el crecimiento de nueva población en los territorios rurales implica también necesidades de infraestructura y servicios, por lo que el ordenamiento debe considerar la capacidad existente y las condiciones necesarias para organizarla. Indicó además que en esta revisión se estaba analizando el 3 % de los artículos del proyecto y que, al finalizar la sesión, se alcanzaría un 36,3 % del articulado socializado.
Finalmente, presentó una guía de aplicación de la norma rural, mediante la cual se busca establecer una ruta para determinar la viabilidad de cualquier actuación. El procedimiento parte de verificar las restricciones y condiciones ambientales, identificar el régimen de usos, revisar las condiciones específicas, determinar el tratamiento y área de actividad, verificar el área mínima del lote, revisar los aprovechamientos, las cesiones y obligaciones y, posteriormente, aplicar la norma volumétrica.
